Indignación profunda ha dicho sentir la señora fiscal general, Diana Salazar, ante el asesinato del agente Édgar Escobar, perpetrado por presuntos sicarios, ayer, frente al edificio de la Fiscalía, en el centro de Guayaquil. La Policía detuvo a los dos presuntos autores, pero es incierto confiar en que se administre justicia de manera eficiente.
También indignación profunda, y dolor, sienten los familiares de las personas asesinadas que se van sumando a las estadísticas diarias, semanales, mensuales, anuales, por zonas, por provincias, que sirven para etiquetar los sitos más peligrosos del país. A mediados de septiembre, la Zona 8, que comprende Guayaquil, Samborondón y Durán, sumó 1.000 muertes violentas, el 128 % más que en el 2021.
Salazar señaló que este es el tercer asesinato de agentes fiscales en lo que va del año y exigió garantías y seguridad para cumplir con el trabajo que realiza la Fiscalía. El fiscal asesinado ayer llevaba casos de narcotráfico y de asesinatos que conmocionaron a la opinión pública.
En los deudos de los asesinados a diario, las expresiones de dolor se mezclan con el sentir de impotencia ante el avance de la criminalidad que muchas veces queda impune, por falencias en el sistema o por la anuencia de quienes han sucumbido ante amenazas o el pago de coimas.
Es la impunidad el aspecto que preocupa sobremanera y en el que hay que intentar nuevas acciones, con un enfoque orientado a resultados. Los autores intelectuales casi siempre quedan impunes. Quienes ordenan sicariatos y ataques con explosivos, en los que hay incluso muertes y daños colaterales, pocas veces son identificados o sancionados, por lo que siguen reclutando sicarios descartables y sembrando terror.
Gran responsabilidad en este panorama deplorable tienen quienes lograron tejer redes para amañar la administración de justicia, evitar sanciones, favorecer que los sentenciados sigan operando desde la cárcel o salgan antes de cumplir sus penas. No hay que olvidar que comparten culpa sus aliados políticos. (O)
