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Chillalta FICI y Unorcac se quejaron de que los legisladores no se interesaron por la situación de la provincia en el paro.
El 19 de diciembre próximo concluirá la instrucción fiscal por ataque y resistencia en concordancia con daño a bien ajeno contra 18 personas investigadas.
Luego de la vinculación hecha por la Fiscalía, un total de 18 personas serán investigadas por ataque y resistencia en concurso real con el daño a bien ajeno.
Ocho de cada diez imbabureños apostaron por el no en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum 2025.
La reacción de la sociedad civil se da al rechazo a una propuesta de instalar una asamblea constituyente, que era una de las cuatro preguntas propuestas.
La organización indígena exigió al Ejecutivo frenar el autoritarismo, violencia, populismo y las políticas que privilegian intereses privados.
En el parque La Carolina, en Quito, y en el Malecón en Guayaquil, los grupos políticos ratificaron su postura en contra de las cuatro preguntas
Según el informe, el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el paro en 2025 se dieron en Imbabura y Pichincha.
El general de brigada Patricio Rodríguez permaneció a cargo de la Casa Militar Presidencial desde el 2 de septiembre de 2024 hasta la fecha.
Trece personas fueron procesadas desde el 23 de septiembre pasado por el delito de terrorismo. Con la vinculación de cinco más serán 18 las investigadas.
La mamá del presidente Noboa, Annabella Azín, estuvo en recorridos en el suburbio de Guayaquil. Indígenas hacen asambleas territoriales.
En octubre de 2023 se vendieron $ 18.425 millones; en el de 2024, $ 19.855 millones; y en el de 2025, $ 21.521 millones, según el SRI.
Instituciones como la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Asamblea, así como la CIDH abrieron expedientes de seguimiento sobre los hechos de las protestas.
Para el próximo miércoles se ha convocado a una diligencia en Quito ante el bloqueo de fondos que habría sido dispuesto por autoridades gubernamentales.
El presidente de la República confirmó que se aplicó la Ley de Transparencia Social para congelar las cuentas de las ONG afines al movimiento indígena.
De las 140 causas abiertas para investigación por la Fiscalía durante el paro, el 63,5 % de ellas se concentra en las provincias de Imbabura y Pichincha.
La directora Juanita Goebertus pidió garantizar el respeto al derecho a la defensa y la libre asociación de las organizaciones sociales en Ecuador.
Organizaciones como la Alianza Ceibos, Yasunidos, la Conaie y dirigentes sociales denunciaron el bloqueo de sus cuentas desde hace un mes.
La Cancillería de Ecuador informó que esta donación se destinará para fortalecer las políticas estatales de reactivación económica y social
La dirigente reconoció que hay fracciones en el interior del movimiento indígena. "Los trapos sucios lavamos en casa, en nuestros ríos", dijo.