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Estos casos han generado disputas entre sectores de la sociedad que están a favor y en contra de la posibilidad de que niños y adolescentes cambien su género.
La iniciativa proviene de la legisladora Mónica Salazar, quien es cercana a las filas del movimiento oficialista ADN.
El Observatorio Ciudadano de Movilidad hizo recomendaciones sobre qué debería incluir una ordenanza local.
Expertos y concejales plantean normativa local.
La Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha plantearon acciones judiciales.
En Samborondón, la Asamblea aprobó las dos últimas leyes urgentes que envió el Ejecutivo. El Parlamento se alista para volver a esta ciudad y a Cuenca.
Según el alcalde Pabel Muñoz, la norma violenta la autonomía local.
La Alcadía de Quito anunció que este miércoles presentará una demanda contra esa reforma.
La agrupación política anunció su rechazo a la ley de eficiencia de los GAD aprobada en la Asamblea Nacional hace pocos días.
La ley establece que los gobiernos locales deberán aplicar estas disposiciones de manera progresiva hasta 2028.
El proyecto plantea que al menos el 70 % del presupuesto de los GAD se destine a inversión y mantenimiento.
El Gobierno impulsa un proyecto de ley urgente para la eficiencia del gasto de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
El proyecto tiene el carácter de urgente en materia económica.
Enrique Herrería sostiene que la visión del primer mandatario es modernizar el país y que no descartado insistir en reformas constitucionales.
Hay tres proyectos unificados, cada uno con diferentes enfoques de regulación de la IA en la vida cotidiana de las personas. Otro más está en manos del CAL.
La Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia relacionada a la garantía de la motivación, que podría afectarse con fallos equivocados o inexactos.
El proponente de la resolución es Andrés Castro, legislador azuayo del movimiento oficialista ADN.
La iniciativa del Gobierno apunta a superar el problema público sobre la rigidez del gasto corriente y el desplazamiento de la inversión.
Gobierno considera que la inversión pública en obras y servicios ha sido limitada en los últimos cinco años.
Primera y segunda vuelta, medidas de ajuste, paros y una consulta popular ha vivido el país en tiempo récord.