Las restricciones decretadas para la exportación de chatarra empiezan a pasar factura a las industrias que se dedican a ese negocio y amenazan con dejar sin fuente de ingresos a miles de recicladores.

El Decreto Ejecutivo Nº 1145 creó el Programa de Reducción de la Contaminación Ambiental, racionalización del subsidio de combustible del transporte público y su chatarrización, y con ello se prohibió la exportación de chatarra ferrosa (todo lo que es hierro, acero).

No obstante, agrega la resolución que el Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) otorgará cupos de exportación de chatarra de hierro o acero, de comprobarse la existencia de sobreoferta de este material o que se pague menos del precio del mercado referencial.

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Los exportadores se quejan por el bajo precio que les pagan las acerías (que funden el material para el consumo local o lo exportan) por la chatarra ferrosa y el excedente que queda en el mercado, por lo que piden al MIC que regule el costo y que disponga la apertura del cupo para la exportación.

Además, buscan que se amplíe la cuota de envíos de chatarra no ferrosa (cables y todo material que contiene cobre y bronce, aluminio de ollas y marcos de ventanas) al mercado extranjero.

“Entre cuatro compañías exportábamos alrededor de 10 mil toneladas mensuales de chatarra ferrosa al mercado asiático. Solo Recynter enviaba en los últimos meses 4.500 t mensuales y reportaba entre $ 1’200.000 a $ 1’500.000 en ventas mensuales. Este año dejaremos de exportar de $ 15 millones a $ 18 millones”, afirma Mario Bravo, presidente ejecutivo de esa empresa con sede en Guayaquil.

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Explica que para los metales no ferrosos les dieron un cupo pequeño tomando como base el 2009, cuando comenzaba la crisis, lo que les afecta “enormemente”, porque esa cuota se acaba este mes y las autoridades del MIC no la han renovado, y “podríamos paralizar”.

Otro problema, explica, es que los precios que paga la industria nacional por la chatarra están muy por debajo de los costos internacionales y no les permite sostenerse. “Además, nosotros como empresas hicimos inversiones y preparamos un proyecto para desarrollar el sistema de reciclaje en Ecuador”, añade.

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El empresario asegura que las acerías nacionales no adquieren toda la chatarra. Por ello, considera, “deben dejarnos exportar por lo menos el 15% del total de la oferta del mercado aunque sea durante un año. Eso nos permitiría ver qué vamos a hacer con nuestras empresas y volver a estructurarnos, además, se regularían los precios y beneficiaría a los pequeños recicladores y microempresarios”.

Por su parte, Fabio Benavídez, representante de Rimesa, otra compañía con base en esta ciudad que exportaba a China, Corea del Sur y eventualmente a España y Holanda, explica que la chatarra no ferrosa tiene el 50% de cupo para el mercado extranjero, por lo que piden que se amplíe esa cuota y que se derogue la prohibición de exportar los metales ferrosos.

Sostiene que el cupo que les dio el Gobierno para exportar el metal no ferroso se les cumple entre julio y agosto próximos, lo que implica para ellos un problema porque se quedan sin trabajo. “De cobre exportamos 1.500 t anuales y nos dan por 1.000 t, es decir, 40% menos del cupo. Ellos (las autoridades) tomaron como base el cupo normal del Banco Central y a eso le quitaron el 40%, lo que nos afecta porque en pérdidas sería un promedio de unos $ 100 mil mensuales”.

Benavídez afirma que además de los exportadores, la prohibición de enviar chatarra ferrosa afecta a la cadena de recicladores que trabajan con ellos porque desde que hubo el Decreto el precio que les pagan las acerías por ese material reciclado bajó al 50%. “Lo que va a pasar es que la gente no se va a dedicar al reciclaje y habrá un problema de contaminación ambiental”.

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Dice que el mercado nacional produce 30 mil t mensuales de chatarra ferrosa y solo consume 10 mil t, por lo que queda un excedente que bien podrían exportar sin que se perjudiquen las acerías locales.

Diálogo
Los exportadores de chatarra señalan que están tratando de obtener una audiencia con la ministra de Industrias y Competitividad, Verónica Sión, para exponerle la problemática que atraviesa el sector y buscar soluciones.