Respecto a la negativa del Ministerio del Deporte, en cuanto a registrar al nuevo directorio de Barcelona SC, existe una sentencia de una jueza constitucional (Karly Vargas) que le ordena hacerlo. En caso de que los responsables de esa cartera de Estado (que encabeza Andrés Guschmer) y la Federación Ecuatoriana de Fútbol no cumplan esta disposición, incurrirán en desacato (rebeldía, insubordinación, desobediencia, entre otros sinónimos del diccionario de la Real Academia Española). Las resoluciones de garantías jurisdiccionales son de inmediato cumplimiento.
Por tal razón que la Liga Pro y la Asociación de Fútbol del Guayas, organismos que también fueron conminados por la orden judicial, obedecieron rápidamente. Lo que se hace al no acatar tal orden es violentar la normatividad jurídica, les guste o no lo dispuesto por la justicia ordinaria. Ir al ámbito judicial a solucionar un asunto deportivo no le agrada a nadie, pero si se acudió a esa instancia hay que respetar el estado de derecho en que vivimos.
Una cosa muy diferente es que si en la consulta popular convocada por el Gobierno el pueblo decide que se creen juzgados constitucionales que traten temas específicos. Así se evitará que cualquier juez resuelva sobre casos que no son de su competencia. Esa es una pregunta adecuada que, de aprobarse, regulará ciertas facultades. Pero hasta que se concrete esta posibilidad es una obligación cumplir la orden de la jueza constitucional, aunque al Ministerio del Deporte no le guste: debe registrar al directorio barcelonista.
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Barcelona SC está en peligro de no poder inscribir a su plantilla, de no poder jugar sus partidos de campeonato nacional y de Copa Libertadores, sus fichajes no están habilitados en la FEF, que es donde se hacen los trámites de transferencias internacionales. Institucionalmente el club del Astillero está en un estado de incertidumbre total y su presidente, Antonio Alvarez Henriques, debió dirigirse a la opinión pública mucho antes. El presidente amarillo recién habla ahora, vía redes sociales, ante el riesgo inminente que amenaza a Barcelona SC porque no está registrado su directorio en el Ministerio del Deporte.
Sé que este martes la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en Yaguachi, le pide al Ministerio del Deporte que le informe sí ha cumplido o no con la orden de registrar a la dirigencia canaria. Dependiendo de eso se pueden aplicar los artículos 22 y 282 del Código Orgánico Integral Penal que hablan del eventual desacato (de Guschmer).
Me sorprende que en un pronunciamiento del ministerio se diga que no han ejecutado la orden judicial porque lo que se les hizo fue “una sugerencia”. Una sentencia constitucional no sugiere, obliga. Sugerir es recomendar, aconsejar. Al ministro se le ha dado una orden judicial. Van a tener que registrar al directorio, al margen de lo que resuelva la Corte Provincial sobre la apelación presentada por el Ministerio del Deporte.
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Yo no creo posible que Barcelona se quede sin jugar el torneo de la Liga Pro y la Libertadores. El ministerio está en un problema en el que fácilmente se metió, pero del que es muy difícil salir al tratarse de un equipo muy popular. Pero al margen de esto, me llama la atención la pregunta que le hace Antonio Alvarez al ministro Guschmer: ¿usted tiene un interés particular contra Barcelona SC, en este caso?
Guschmer debe contestarle a Alvarez, porque da la impresión de que se ha politizado este tema del registro del directorio torero en el Ministerio del Deporte. Parece que hay actores escondidos que manipulan las cosas y que por falta de experiencia Guschmer cayó en ese juego. (O)
