Fue el 20 de enero de 2023 cuando Dani Alves entró en la cárcel, poniendo punto y final a una trayectoria futbolística de ensueño, laureada hasta la saciedad y colmada de trofeos, finales y sonrisas. Había sido acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton de la ciudad condal y ese mismo día, en pleno mes de enero, el defensa brasileño fue enviado a la cárcel por la jueza de Barcelona. En Brians 2 ha estado catorce meses y cinco noches. El 25 de marzo del presente año salió, puso un pie fuera. Todo era distinto, publica diario AS.

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El mundo que pisa es igual, no su imagen pública. Tras acordar la Audiencia de Barcelona su puesta en libertad provisional, bajo el cumplimiento de una serie de condiciones y el pago de una fianza de un millón de euros, puente legal que le ha permitido saltar los muros de la prisión tras la condena de cuatro años y medio de cárcel que sobre él pesaba (los jueces le aplicaron la atenuante de reparación del daño tras el pago de 150.000 euros de indemnización), ha enfrentado una cadena de golpes económicos —también los visualiza a medio y largo plazo— a los que ya piensa sobreponerse. Primero busca la absolución y, después, volver a vivir del fútbol.

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Un camino de espinas

Tal y como recoge El País, el jugador ha verbalizado a su entorno más cercano que está convencido de que será absuelto, algo que ayudará a restaurar su dañado perfil ante la sociedad, y tampoco le cabe duda de que seguirá unido laboralmente al mundo del fútbol, viviendo de él y con él. Eso sí: no lo hará como futbolista.

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Colgó las botas aquel 20 de enero. Y no de la mejor forma: Pumas, el conjunto mexicano en el que jugaba, despidió al lateral y le reclamó una indemnización de 4,5 millones de euros.

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Alves da vueltas a su futuro y a los frentes que en él se abren: tiene los activos bloqueados en Brasil con motivo de un contencioso abierto por su primera mujer, Dinorah Santana, y a raíz de la pensión que le pasa a sus dos hijos adolescentes; debe hacer frente a un embargo de carácter judicial, que asciende a 50.000 euros, y sus contratos con las marcas caen como el agua de una cascada. Para sortear todos los varapalos económicos ve necesario pasar por reconstruir su imagen. Y en paralelo a ese trabajo está la citada absolución.

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Quiere ganar en los tribunales, donde ya ha sido condenado, para cimentar sobre una base de credibilidad su perfil. La clave está en el relato que hace Alves de la violación, donde él sostiene que hubo consentimiento, y cuya sentencia considera probado no solo que no lo hubo, sino que, además, empleó la violencia.

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La incongruencia del testimonio de la víctima sobre la media hora previa a la violación —defiende repulsa hacia el jugador, pero las cámaras han demostrado que hubo un interés mutuo— ha señalado el camino que ahora explora el equipo legal de Alves para atacar la sentencia, solicitando en el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la absolución.

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La base de la absolución

“Apenas se ha cogido como veraz entre un 10 y un 20 % de lo declarado” por la víctima, dice la defensa del futbolista, encabezada por Inés Guardiola, que hace hincapié, ya no en lo incompatible de las versiones de la parte denunciante y el acusado, en que el relato de Alves está “verificado por medios de prueba”, como son los restos biológicos y las huellas (indicios lofoscópicos) que había en el baño de la zona VIP de Sutton.

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En términos generales, el equipo del brasileño busca colocar por encima de todo las pruebas objetivas que respaldan la versión del futbolista. “Se ha condenado a Alves con la declaración de una denunciante que es incompatible con una prueba científica”, dice la defensa, haciendo alusión a la ausencia de lesiones vaginales y de cualquier tipo de lesión —cuenta con ello la sentencia, que recuerda que “para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas”—; únicamente se rastreaban en la rodilla, compatibles con la práctica de una felación que se produjo, según el ADN encontrado en la boca de la joven.

Son 200 las páginas que conforman el recurso contra la sentencia en el que se pide la absolución. Entre seis meses y un año tardará en dictarse la nueva sentencia; de haber otra condena, Alves, entonces, podría recurrir, como última bala, ante el Tribunal Supremo. (D)