Durante décadas, la Seguridad Social en Estados Unidos fue vista como un pilar de estabilidad para la jubilación, un salvavidas para aquellos que llegaban a la vejez después de años de trabajo duro.
Sin embargo, esa tranquilidad parece estar en riesgo para muchos. Un cambio reciente en las políticas federales puso en la mira a miles de jubilados por la reactivación del embargo de la Seguridad Social para saldar deudas de préstamos estudiantiles.
¿Qué pasa con el seguro social y los préstamos estudiantiles?
En concreto, después de una pausa, el Departamento de Educación anunció que retoma el cobro de deudas estudiantiles en mora, y esto significa que la Seguridad Social de muchos adultos mayores estará directamente afectada.
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Los más perjudicados son las personas mayores de 60 años, muchos de los cuales luchan contra deudas universitarias que se remontan a décadas atrás.
La historia de Christine Farro, una extrabajadora social de 73 años, es un ejemplo claro. Ella contó a AP que ya experimentó la reducción de sus beneficios y se prepara para que las deducciones se reanuden.
Sus préstamos, originados hace más de 40 años, alcanzan la asombrosa cifra de 250 mil dólares debido a los intereses acumulados. Como ella, se estima que medio millón de personas mayores de 62 años podrían ver sus ingresos de jubilación disminuidos.
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Para muchos, la situación es crítica. Están obligados a realizar recortes drásticos en sus presupuestos, a racionar medicamentos, e incluso enfrentan el riesgo de quedarse sin hogar.
La deuda estudiantil entre los adultos mayores ha crecido de forma alarmante, impulsada por el constante aumento de las matrículas y un sistema de cobro que muchos consideran injusto.
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Algunos, como Debbie McIntyre, una profesora de educación para adultos, también citada por AP, incluso contemplan la bancarrota como una salida, aunque esto no garantice la eliminación de la deuda.
Otros, como Randall Countryman, se sienten atrapados entre políticas que no reflejan sus realidades, cargando con decisiones tomadas hace décadas en busca de un futuro mejor.
Mientras el gobierno defiende la reactivación de las cobranzas como una medida necesaria para la salud económica del país, las organizaciones que defienden los derechos de los deudores denuncian las consecuencias devastadoras para las personas mayores.
Algunos jubilados se ven obligados a saltarse comidas, a agotar sus ahorros o incluso a vender sus pertenencias para poder subsistir.
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Lo que una vez fue una promesa de movilidad social a través de la educación se ha convertido, para muchos jubilados, en una carga pesada que ensombrece sus años dorados.
(I)
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