Sobreprecios, anticipos a destiempo, prórrogas ilegales y proyectos sin estudios técnicos son algunas anomalías denunciadas por la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) en 33 contratos de obras en la Universidad de Guayaquil.
Hasta el momento, la comisión presidida por Roberto Passailaigue ha verificado irregularidades en cuatro obras ejecutadas desde el 2013. En ese entonces y durante tres años el centro superior estuvo intervenido por primera ocasión. No obstante, aclaró que no se pueden establecer aún montos de supuestos perjuicios.
Una de las anomalías corresponde a la remodelación integral de la Facultad de Jurisprudencia, cuyo contrato fue suscrito el 6 de mayo de 2015. Nueve días después, el centro superior entregó un anticipo de $ 1’697.000 sobre $ 3’400.000, que era el monto inicial.
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Sin embargo, dijo Passailaigue, como al firmar el contrato no hubo los requerimientos y condiciones técnicas necesarios, el monto de la obra subió a $ 5’429.000, ya que se suscribieron otros contratos complementarios en dicho proyecto.
“Este tiene un proceso que no está terminado y las responsabilidades están en todos los funcionarios que han actuado”, mencionó el presidente de la CIFI, quien señaló al destituido rector Galo Salcedo, como parte de los responsables.
Pero el exministro de Educación fue más allá e incluso responsabilizó a quienes integraron la primera comisión interventora del centro superior, así como a la subcomisión designada por el Consejo de Educación Superior (CES) para el acompañamiento del proceso.
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“Esto deberá ser enviado a la Contraloría General del Estado para que establezca como organismo de control las responsabilidades pertinentes”, añadió.
Otra obra en la que la CIFI ha verificado anomalías es la construcción del cuerpo de aulas y edificio administrativo para la facultad de Medicina y Zootecnia, cuyo contrato se firmó por un monto de $ 6’000.000.
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El anticipo, $ 3’000.000, fue entregado luego del plazo que la ley establece para aquello. Sin embargo, informes internos de la comisión interventora revelaron que de ese valor únicamente se han ejecutado hasta ahora $ 14.037.
Con relación a este caso, Passailaigue mencionó que hay indicios de que los planos que se publicaron fueron diferentes a los que finalmente se aprobaron, lo que lleva a concluir que no existieron los estudios técnicos respectivos.
En la facultad de Ciencias Naturales, un contrato de obras por un monto de $ 1’082.000 tuvo prórrogas ilegales.
“En fin, todos estos procesos irregulares se deben a causales que dependen de la Universidad, de la administración”, citó el titular de la comisión interventora cuyo periodo de 90 días prorrogables fenece el 15 de este mes.
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Un comedor universitario, que se construyó atrás del edificio administrativo, también tiene problemas contractuales y nunca funcionó como tal. Ese espacio se lo usa como bodega de herramientas y sillas odontológicas no utilizadas.
‘No prorrogar intervención sería algo nefasto’
En sesión ordinaria prevista para este miércoles, el Consejo de Educación Superior (CES), resolverá si se prorrogan o no las funciones de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad de Guayaquil, una vez que el periodo de 90 días para el cual fue designada se cumple el próximo martes 15.
Roberto Passailaigue, presidente de la CIFI y rector del centro superior porteño, anticipó el martes que en caso de no aprobarse una prórroga el futuro inmediato de la Universidad sería nefasto, puesto que seguirían primando los conflictos de intereses políticos al interior de la alma mater.
La CIFI presentó al CES un informe sobre la situación de la universidad y su plan de intervención.
Luego, el Consejo de Educación Superior pidió un reporte a la comisión de seguimiento al proceso de intervención, instancia que recomendó iniciar un nuevo proceso de intervención por aparentes nuevas causales contempladas en la ley.
Así lo indicó el martes Enrique Santos, consejero académico del CES, ante una consulta expuesta por EL UNIVERSO.
Una de estas, según Passailaigue, sería la negligencia en las administraciones anteriores que han agravado las circunstancias que motivaron la intervención del 2013.
Él señaló que estaría dispuesto a seguir liderando el proceso, siempre que se respalde la lucha contra la corrupción.
Profesores y trabajadores exponen sus preocupaciones
La Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil (APUG-UG) y el Sindicato de Servidores Universitarios pidieron involucrarse en las acciones ejecutadas por la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI).
Una de sus preocupaciones es que en el portal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los trabajadores desde hace tres meses no pueden acceder a servicios como préstamos quirografarios, novaciones y otros servicios, ya que la universidad mantiene una mora patronal.
“Hay una mala reliquidación de los fondos de reserva de muchos años atrás, del año 2000”, mencionó Wellington Ortiz, secretario del gremio de servidores.
Clemente Moreira, presidente de la Asociación de Profesores, añadió que aún están a la espera de procesos de recategorización, revalorización y promociones que vienen desde antes del 2010. Unos 700 docentes estarían afectados por la falta el reajuste salarial que sería de entre el 30% y el 50%.
Ortiz explicó que varios compañeros que mensualizan el décimo tercer sueldo no han recibido sus montos correspondientes a diciembre. Asimismo, un número de trabajadores ya no se les cancelarían sus horas extras por lo que hay incertidumbre entre obreros que laboraban en jornadas de fines de semana abriendo aulas de posgrados y otros servicios.
José Valdiviezo, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), filial Guayaquil, dijo que hay preocupación de estudiantes por salida de docentes.
Roberto Paissailague, presidente de la CIFI, señaló que anteriormente se pagaban, por norma, horas extras a todos los funcionarios así no las hayan devengado con trabajo. Por eso, estas fueron suspendidas.
Sobre la mora patronal, el funcionario dijo que la deuda ascendía a $ 15 millones y que en los casi tres meses de intervención se ha dado un abono de $ 3 millones.
Dijo que se están analizando los procesos de recategorización docente y que involucrarán a la APUG.
"No debe haber una intervención sin un cogobierno porque el consejo conoce las problemáticas, no estamos con el ánimo de boicotear la intervención, estamos predispuestos a ayudar”.
Wellington Ortiz, gremio de servidores. (I)
