Sin una solución a corto plazo, Guayaquil vive en estos días una especie de retorno de consumidores de droga a las calles, con una serie de clausuras a las clínicas de recuperación de adicciones sin permiso, pero sin un plan gubernamental para atender a aquellos cientos que buscan recuperarse.

El detonante fue el incendio suscitado el pasado viernes 11 de enero en la celda denominada ‘la lagartera’ del centro de recuperación Por una nueva vida, ubicado en la 26 y la I, en el suburbio de Guayaquil. Allí, según informes policiales, un grupo de internos prendió fuego a los colchones en su afán de ser liberados del encierro que enfrentaban como parte de la desintoxicación. Pero eso se volvió un infierno que dejó un saldo de 18 muertos y 16 heridos.

Entonces, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess), encargada del control y certificación de estos centros, empezó a clausurar las clínicas clandestinas. En un boletín, la entidad informó la tarde de este lunes que ha ‘repotenciado su plan de vigilancia” y desde el viernes 11, recién luego de la muerte de las 18 personas, ha clausurado siete establecimientos, “por el mal manejo de sus desechos”. No cita que lo hace porque no cuentan con permisos.

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Pero esos cierres han generado otro problema. Decenas de personas que allí querían recuperarse se han ido a la calle, han suspendido su ‘tratamiento’ y sus parientes temen que esto desencadene en una situación más dramática.

Este lunes, decenas de padres de familia y jóvenes en recuperación hicieron una marcha a la Gobernación del Guayas para exigir tratamiento en entidades del Estado y solicitar, incluso, que permitan el funcionamiento de las clínicas llamadas clandestinas, que según sus dueños tenían autorización hasta meses atrás, cuando el Gobierno puso a andar un proceso de licenciamiento.

“Las clínicas que tiene el Gobierno no nos ayudan. Son trámites de más de seis meses y no dan respuestas, necesitamos de las clínicas privadas que sí están comprometidas a la recuperación de los chicos. A mí no me ayudó el Gobierno, tuve que recurrir a una clínica en la que no lo maltratan como en otras. Debe haber un control, sí, pero no cerrar los centros y dejar a los chicos en las calles”, afirmó Grace Astudillo, madre de un joven de 15 años con adicciones, del sector El Recreo.

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A ese grupo se unió una comisión de dueños de clínicas, que indicaron que por los nuevos requisitos pedidos para el licenciamiento desde mediados del año pasado no han podido tener el permiso de funcionamiento renovado.

En la Gobernación no los atendió el titular de ese despacho, Raúl Ledesma, quien, en cambio, en Twitter anunció que este martes 15 se reuniría con la ministra de Salud, Verónica Espinosa, para buscar salidas al problema.

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Acess, además de clausurar centros sin permisos, tampoco responde sobre cuál es el plan para acoger a aquellas personas que se van a la calle por esa medida. El pasado domingo 13, Maritza Báez, directora de la entidad, pidió a este Diario que se le enviara un correo para responder esta y otras interrogantes. Se le hizo llegar ese día y este lunes, a las 15:30, el área de Comunicación de la entidad indicó que “ya te ayudaremos con la entrevista” y señaló que tenían muchos pedidos de información.

Los padres son concretos. En los centros de salud y hospitales solo les dan tratamiento ambulatorio a las personas con adicciones, pero no hay disponibilidad de centros para internamiento de consumidores.

En redes sociales, grupos de ayuda a personas con adicciones y activistas también reclaman. Por ejemplo, una mujer relató que personal de Acess llegó a un centro del sur y les dijo a los internos que salgan del sitio, que los iban a llevar a un local autorizado donde tendrían hasta piscina. “Ya en la calle, les dieron 50 centavos y esos chicos quién sabe dónde estarán”, relató. 

2.000 jóvenes se irían a la calle por clausuras

Ericka Cueva, directora del centro de recuperación de mujeres Un nuevo reto, dijo que existen al menos unos 2.000 internos en clínicas de rehabilitación que no tienen el actual licenciamiento, pero que sí laboran bajo parámetros de responsabilidad con sus pacientes.

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“¿Qué pasará con esos chicos que los mandan a sus casas? Un dolor para las familias porque si no hay dónde ubicarlos, ellos recaen en la droga. No es de cerrar por cerrar, se necesita trabajar en equipo ante la evidente población de consumidores que buscan salir de su situación”, lamentó la especialista en terapia familiar.

Hugo Zambrano, asesor vivencial de ese mismo centro, sugirió que el trabajo debe empezar en constatar los centros que están en condiciones para que los tratamientos continúen y no afecten a los chicos.

“En este momento nadie tiene licenciamiento, solo los permisos anteriores que ya están vencidos, somos profesionales que hemos trabajado hace más de 20 años recuperando a muchas personas, pero eso nadie ve. Estamos haciendo una labor que le compete al Estado, pero este no se abastece”, lamentó Zambrano, quien trabaja con al menos diez jóvenes en un centro. 

Aprehendido por incendio de centro sería paciente

Jhonny A. sería un interno más de la clínica de rehabilitación clandestina que se quemó el viernes 11 de enero, dijo el abogado Gabriel Jácome. Él defiende al hombre de 26 años que fue detenido este fin de semana, al igual que el dueño del centro donde murieron 18 jóvenes.

El defensor aseguró que él no sería un empleado a cargo de la seguridad, sino que es un interno que llevaba 20 meses en el centro y que se iba a su casa dos días y regresaba al centro cada semana, porque supuestamente su tratamiento era muy avanzado y se estaba reinsertando en su hogar.

El abogado Jácome manifestó que su defendido llegaba al lugar cuando se inició el incendio y logró entrar a una oficina, tomó unas llaves y abrió una reja, dejando salir a cuatro jóvenes.

Jhonny A. tendría quemaduras en las manos por esa razón. Jácome indicó que la familia del detenido contaría con los recibos de pago de la clínica. El fin de semana le realizaron la audiencia de flagrancia por homicidio culposo.

Mientras, los 12 heridos que fueron llevados al hospital Abel Gilbert Pontón, conocido como Guayaquil, con signos de asfixia y quemaduras ya fueron dados de alta.

Efectos

Especialistas indican que al cortar un tratamiento, jóvenes con problemas psicológicos y de adicción vuelven a las calles a consumir.

Se retrasan en su recuperación y pueden adquirir comportamientos agresivos, así como consumir nuevas drogas.

En prejuicio de la sociedad, el índice delictivo puede aumentar ya que un consumidor necesitado roba para conseguir dinero para comprar droga. (I)