El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Justicia y Vigilancia, clausuró una vulcanizadora que —según el cabildo— funcionaba como centro de acopio de bienes públicos robados. Esta medida de control se realizó en coordinación con la Policía Nacional el pasado viernes, 9 de junio.

En esa propiedad privada, ubicada en la avenida Francisco de Orellana, los funcionarios y uniformados hallaron las barandas metálicas que fueron aparentemente sustraídas del puente que conecta esta ciudad con el vecino cantón de Daule.

El hurto de estos bienes públicos fue denunciado por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) en días pasados, por lo que se desplegó un operativo de control para seguir la ruta que tomaron los saqueadores y recuperar estos artículos.

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En 13 sectores de Guayaquil se registra en mayor medida el robo de mobiliario urbano, cables y tapas. Esto destina la ciudad anualmente para reposiciones

Las barandas fueron trasladadas a la bodega del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano para, posteriormente, ser reinstaladas en el viaducto.

Este caso, según el cabildo, será denunciado a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones. El hurto de bienes públicos es sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, según el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “Si el delito se comete sobre bienes públicos se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un tercio. Para la determinación de la pena se considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento”.

En diferentes sectores de la ciudad se registra la sustracción de bienes, como tachos de basura, tapas de alcantarillas, postes de alumbrado, las barandas de diferentes pasos a desnivel, entre otros. (I)