Decenas de personas se agolparon con carteles, pitos y consignas en las inmediaciones de la Unidad Judicial Penal Norte 2, situada en el Albán Borja, en el norte, por la diligencia de revisión de la acción de protección presentada por un grupo de comerciantes informales en contra del Cabildo de Guayaquil, en días pasados.

Antes del mediodía de este martes 7, esa unidad judicial permanecía sitiada por un cordón policial en medio de dos grandes grupos que estaban divididos por cercas metálicas. En un lado estaban los vendedores informales y en el otro, comerciantes formales de la Bahía.

Tenemos hambre, déjennos trabajar”, eran parte de los gritos que se replicaban entre los vendedores autónomos que promueven la acción legal, mientras en el otro bando los comerciantes formales pedían que se salvaguarden el ordenamiento, las normas de bioseguridad anti-COVID-19 y la competencia justa en esa zona comercial del centro porteño.

El pasado viernes, un Tribunal de Garantías Penales otorgó medidas cautelares a favor de los trabajadores informales antes de la resolución de la acción de protección, que aún se mantiene en suspenso.

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En la cita de hoy, durante más de dos horas, cada una de las partes presentó sus argumentos y luego se decidió suspender la diligencia, para retomarla el sábado próximo a partir de las 09:00.

Grupo a favor del Cabildo se ubicó a un costado del ingreso a la unidad judicial. Foto: El Universo

Zaida Rovira, presidente de la Alianza Radar Social, que apoya al gremio de autónomos, señaló que se determinó que el juez subrogante José Suárez ya no podía continuar conociendo la causa, ya que estaba sustituyendo al magistrado titular José Dávila, que estaba de vacaciones. “Las medidas cautelares no se pueden levantar hasta que no se resuelva el fondo de la causa que es la acción de protección”, dijo.

Por su parte, Cristian Castelblanco, síndico municipal, mencionó que esperaban que el tribunal, basado en ordenanzas locales, la Constitución y otros cuerpos legales, reconozca que la Municipalidad tiene la facultad de seguir manteniendo el orden en los espacios públicos de la urbe.

Además, dijo que dentro de los planes municipales se han dispuesto 21 sitios con 1.000 espacios para la reubicación de los comerciantes informales. Estos lugares, por ejemplo, se ubican en la Casuarina, Mucho Lote y mercado Norte.

Adujo que se presentarían varias comunicaciones remitidas a representantes de la agremiación, en las cuales se plantean estas posibles soluciones, para que se los tome en cuenta como salida a la demanda.

En los exteriores del lugar, dirigentes de los comerciantes informales pidieron que se los reubique en calles de la Bahía como Manabí, Huancavilca, Febres Cordero, Coronel y Cacique Álvarez, para vender sus productos durante esta época de mayor comercio, a fin de paliar la crisis económica que se agravó en la pandemia.

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Grupo de comerciantes informales piden que se les permita laborar en espacios públicos de determinadas calles de la Bahía. Foto: El Universo

Entre tanto, los agrupados en el bando de los comerciantes formales pidieron que se respeten las disposiciones municipales de ordenamiento sin que se cree una competencia desleal. Además, argumentaron que la presencia en las calles de vendedores puede desencadenar en aglomeraciones durante este mes, de mayor flujo de compradores.

Justamente, los comerciantes formales también presentaron un recurso de amicus curiae para presentarse en la audiencia de revisión.

Desde el viernes pasado en que se dio paso a las medidas cautelares agentes metropolitanos han intensificado los operativos de control de espacios públicos en la Bahía.

Según Jaime Dávalos, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la presencia de los efectivos va enfocada a evitar las aglomeraciones y disminuir el riesgo de los contagios de COVID-19.

Patricia Padilla, una de las comerciantes, clamó que se les permita laborar en determinadas vías mencionadas de la Bahía hasta que se resuelva la acción judicial.

“Esperamos que este mes por lo menos nos permitan trabajar en las calles mencionadas, y a partir del año que viene seamos reubicados en un lugar que tengamos que pagar al Municipio”, declaró la mujer, al igual que varios compañeros. Aún siguen en espera.

Denuncia colocada en Fiscalía

El pasado lunes, el colectivo Alianza Radar Social puso una denuncia en contra de la alcaldesa Cynthia Viteri por presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. (I)