Un altercado entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el presidente de la comuna Chongón, Danny Torres, casi termina a golpes el viernes.
Torres aduce que se acercó al alcalde el viernes, durante un recorrido, para pedir que socialice temas de obras en Chongón. Según el dirigente, Alvarez evitó tratar el tema y profirió insultos.
En un video que circuló se ven extractos de cuando el alcalde discute con el dirigente y el altercado pasa a mayores términos con un conato de pelea, que acaba cuando unos hombres los separan.
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Este sábado, Alvarez acusó al dirigente de querer extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) cobrándole $ 70.000 por un terreno comunal, donde por pedido de la comuna, mediante oficio, se ejecutaron dos parques que acabaron de inaugurar.
La Autoridad Aeropotuaria de Guayaquil es un ente municipal que maneja un fideicomiso para el nuevo aeropuerto de Daular y ejecuta obras en las zonas de influencia.
Esta entidad indicó que fue la propia dirigencia comunal la que solicitó expresamente a esta institución la ejecución de obras públicas en terrenos identificados con códigos catastrales específicos. Esta solicitud se realizó de forma voluntaria, legítima y con conocimiento de causa, según la AAG.
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Según la AAG, el proceso fue planificado y ejecutado con apego a la ley. Las obras fueron incluidas en el Plan Anual de Contratación 2024, se realizó la contratación a través del proceso LICO-AAG-2024-002 y se suscribieron los contratos correspondientes con fecha 18 de septiembre de 2024.
“Todo el procedimiento fue fiscalizado y aprobado por los organismos competentes, cumpliendo con los principios de transparencia, legalidad y eficiencia”, indicó.
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La AAG señaló que la ley obliga a ceder el uso y usufructo de las tierras para proyectos públicos, sin exigir pagos. La entidad alega que el artículo 81 literal f) de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales es claro al establecer que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deberán ceder al Estado el derecho de uso y usufructo para la ejecución de obras de infraestructura pública.
“Dicha cesión no implica pérdida de la propiedad comunitaria ni genera derecho a compensación económica”, según la AAG.
Para la AAG, condicionar la entrega del acta de posesión a una exigencia monetaria es improcedente.
“Rechazamos cualquier intento de condicionar o entorpecer la ejecución de obras públicas mediante exigencias económicas que no tienen respaldo legal. Este tipo de acciones perjudican directamente a la propia comunidad, retrasando beneficios largamente esperados”, indicó.
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La AAG refirió que la voluntad es continuar trabajando con transparencia. “Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad de San Pedro de Chongón y hacemos un llamado a todos sus representantes para actuar en estricto cumplimiento del marco legal, priorizando el bienestar colectivo por encima de intereses personales”. (I)
