Las instalaciones del parque Samanes fueron inspeccionadas este viernes por una delegación de la Alcaldía de Guayaquil, junto a autoridades de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), en el marco de la transferencia por parte del Gobierno central al cabildo porteño.

Según Inmobiliar, este parque –ubicado en el norte de la ciudad– tiene una extensión de 354 hectáreas, de las cuales 85 aproximadamente están intervenidas. En el lugar hay canchas deportivas, concha acústica, coliseo, el estadio Chucho Benítez, senderos, ciclovías, juegos infantiles, entre otros equipamientos.

Felipe Cabezas-Klaere, secretario general del Municipio, explicó que para el cabildo es importante asumir esta competencia y poder así desarrollar proyectos en esta zona encaminados a la reconstrucción del tejido social de la ciudad.

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“Ya hemos tenido varias reuniones de trabajo. Este día hemos hecho una inspección al lugar para determinar el alcance de lo que comprende el parque Samanes y continuar trabajando por el pronto traspaso, el deseo es que el 9 de octubre, por las fiestas de la ciudad, se firme ya el acuerdo de la transferencia de la competencia”, dijo el secretario municipal.

Así también, recordó que en el sitio funcionan oficinas del Gobierno central, del sector privado y comercio en general. “Existe el compromiso de respetar esos espacios”, aclaró Cabezas-Klaere, quien agregó que hay espacios disponibles que se podrían repotenciar para que el cabildo pueda ofrecer atención al público y para la propia administración del parque.

La comitiva municipal también estuvo integrada por Adrián Zambrano, director de Medio Ambiente y Preservación de Áreas Verdes; Pablo Jácome, director de Infraestructura Comunitaria, entre otros funcionarios del cabildo porteño, quienes recorrieron las áreas junto a autoridades de Inmobiliar, entidad que actualmente tiene la administración del parque.

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Está previsto que el próximo lunes se efectúe una nueva reunión entre Municipio y Gobierno Nacional para determinar la viabilidad jurídica para la transferencia. (I)