Este viernes 6 de septiembre el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) publicó en su página web la admisión a trámite de la denuncia por violencia política de género que interpuso el 26 de agosto la concejala Ana Chóez en contra de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.
Fernando Muñoz, juez del TCE, tomó la decisión y fijó para el 3 de octubre la audiencia única de pruebas y alegatos en la que deberán comparecer ambos, en el edificio del TCE, en Quito.
Chóez, edil del Partido Social Cristiano (PSC), indicó en la denuncia que Aquiles Alvarez habría incurrido en tres infracciones del Código de la Democracia relacionadas con la violencia política de género, que menciona que:
Publicidad
- Realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos
- Imponer sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad
- Restringir el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación.
Chóez, quien asumió la titularidad luego de la renuncia de Jorge Acaiturri, explicó a este Diario la semana pasada que los actos en los que basa el argumento de su denuncia se registraron durante las sesiones del Concejo Cantonal del 11 de diciembre de 2023 y del 9 de mayo de 2024.
En la sesión de diciembre hubo roces entre Alvarez y Chóez al abordar el tema de la entrega de tabletas.
El 9 de mayo de este año hubo un nuevo cruce de palabras luego que la concejala criticara la ausencia de la autoridad (por una licencia) y señalara que no se estaba cumpliendo la disposición del Cootad en la que se establece que los concejos municipales deben sesionar ordinariamente cada ocho días.
Publicidad
Chóez afirmó que ha “sido totalmente excluida de las transmisiones” del Concejo Cantonal y que incluso no dispone de un micrófono para exponer sus argumentos durante las sesiones.
Según el artículo 279 del Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos unificados, la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Publicidad
Hace dos días el mismo juez electoral, Fernando Muñoz, admitió otra denuncia por violencia política de género contra el alcalde de Guayaquil.
Esa querella fue interpuesta el 19 de agosto por la asambleísta de ADN Lucía Jaramillo, porque Alvarez le dijo “niña vaga” y “vocera turra del Gobierno”. La audiencia de ese caso será el 20 de septiembre. (I)
