Un juez otorgó medidas cautelares a la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), entidad que interpuso una acción de protección relacionada con los radares de control de tránsito en la ciudad ferroviaria.

Esta decisión judicial implica la suspensión temporal de estos dispositivos hasta que este proceso siga su curso en otras instancias judiciales.

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Esta acción se impulsó en torno al contrato que se firmó en diciembre de 2022 con el Consorcio de Seguridad Vial de Durán (Sevidu) para la instalación de equipos tecnológicos fijos destinados a detectar la velocidad y evasión de semáforos en rojo.

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Sin embargo, según la ATD, se ha evidenciado que dicho contrato contiene cláusulas que limitan la capacidad de esa entidad para tomar decisiones.

En septiembre del 2023 el contratista demandó a la ATD, la entidad se defendió y ganó.

Según la institución de tránsito en Durán, entre las irregularidades encontradas la empresa estipuló que para el cambio de lugar de los radares, solo es posible con un estudio técnico y que ambas partes estén de acuerdo.

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Asimismo, señaló la ATD, la empresa no ha implementado un sistema eficiente de notificaciones de multas que permita enlazar las bases de datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) con la de ATD, ocasionando que las notificaciones de las multas no lleguen a tiempo a los ciudadanos.

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Ante el descontento de la ciudadanía, el alcalde Luis Chonillo, al asumir esta administración, planteó como primera alternativa la terminación unilateral del contrato, pero esto representa una indemnización a la empresa contratada, que realizó una inversión por $ 1′600.000.

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Dicho valor, de acuerdo con la ATD, fue recuperado en el segundo mes de operatividad de los radares, puesto que sus ingresos mensuales por concepto de multas representan aproximadamente un millón de dólares. (I)