Les preocupa que además de no poder trabajar los fines de semana, como antes, y en horarios nocturnos, donde es el fuerte de su facturación mensual, tienen que igual costear gastos administrativos y operativos como las planillas completas de servicios básicos, aportes al IESS, impuestos, adicional a la nómina fija de su personal, a proveedores y a las deudas adquiridas para mantener los negocios como los restaurantes y locales de comida. Esto sin contar con las medidas de bioseguridad y de protección que han implementado, así como los costos de seguros de salud o pagos de consultas privadas y pruebas PCR para detectar o descartar el COVID-19 en sus trabajadores y que estos no deambulen o esperen en el sistema público, exponiéndose a contagios, por un servicio que a veces ni les llega, aseguran.