La áspera batalla judicial que libran desde hace cuatro años en Argentina el Grupo Clarín y la presidenta Cristina Fernández, en la que ambos ponen en juego su imagen y poder ante la opinión pública, entrará en una etapa definitiva cuando este miércoles se celebre una audiencia entre las partes, convocada por la Corte Suprema.
Litigantes del oficialismo y del grupo de medios tendrán la última oportunidad para esgrimir públicamente sus argumentos ante el alto tribunal, que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de una Ley de Medios aprobada en el 2009.
El fallo de la corte sobre este litigio es esperado con gran expectativa por medios de comunicación y políticos argentinos, en el marco de un escenario cada vez más crispado y polarizado, y será leído casi de forma inmediata como un triunfo o una derrota de 'Clarín' o de Cristina Fernández, aún si la corte emite una solución salomónica.
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La batalla judicial se centra en el artículo 45 de la Ley de Medios aprobada en el 2009, que fija restricciones a la multiplicidad de licencias audiovisuales en el ámbito nacional y local, lo que ha desatado una batalla épica entre la mandataria y el grupo de medios más poderoso del país, propietario del diario de mayor circulación regional, con 800.000 ejemplares el domingo, y una serie de canales de televisión, entre otros.
El acatamiento de la ley de medios por parte de Clarín es es un reto personal para Fernández, que sostiene que el grupo mediático intentó "destituirla" en el 2008, tal como le dijo a su biógrafa, cuando respaldó las protestas de productores agropecuarios en contra de la decisión oficialista de aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y de otros granos, que finalmente se frustró.
La audiencia tiene lugar en momentos en que la valoración de la gestión presidencial ha caído: 60% desaprobó el trabajo de Fernández, mientras que 29,1% lo respaldó y 10,9% no supo y no quiso contestar, según una encuesta de la consultora Management & Fit de julio, que entrevistó a 2.000 personas.
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También ocurre pocas semanas después de los modestos resultados que obtuvo el oficialismo en las elecciones primarias que determinaron a los candidatos para las elecciones legislativas de octubre. Con 29% de los sufragios, el oficialismo fue el más votado a nivel nacional pero perdió en 14 de los 24 distritos electorales, entre ellos Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que tienen un peso específico importante.
La audiencia ocurre en el peor momento de las relaciones de Fernández con el Poder Judicial. La presidenta achaca a los jueces en general privilegios injustificados, como el hecho de que no paguen impuestos sobre sus sueldos, y en los últimos tiempos ha dirigido fuertes críticas a la Corte Suprema.
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Hasta no hace mucho la presidenta apoyaba a los magistrados de la Corte que gozan de prestigio. Expertos y sectores independientes creen que es la corte cuenta con juristas preparados e imparciales.
Pero ahora el gobierno los ve con cierto recelo luego de que la propia Corte rechazara parte de una reforma impulsada por Fernández para "democratizar y transparentar" el sistema judicial, que según ella, en general es permeable a los intereses de las grandes corporaciones en sus litigios con el Estado.
Al explicar por qué convocó a una audiencia pública, la corte señaló la "trascendencia de las cuestiones planteadas" en el litigio y consideró apropiado "permitir la participación ciudadana en el debate constitucional y, a la par, favorecer la difusión pública del modo en que el tribunal conoce en los asuntos de esta relevancia".
Según Clarín, la norma limita "arbitrariamente" las licencias que no usan el espectro radioeléctrico, como las relacionadas con la televisión por cable (de pago), uno de sus negocios más lucrativos.
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El grupo también cree que el artículo 45 viola su derecho de propiedad al obligarlo a desprenderse de señales audiovisuales y que propicia una inestabilidad económica que no podría afrontar, mientras permite a las compañías de televisión satelital y de telecomunicaciones llegar a 2.200 ciudades, cuando a las de cable sólo les permite llegar a 24.
También cuestiona que permita a las empresas estatales de televisión tener cobertura en todo el país, mientras a los actores privados les da "solo 35% del mercado", y que impida tener un canal de televisión abierta y otro por cable en una misma ciudad, situación que Clarín enfrenta en Buenos Aires y sus alrededores.
El gobierno dice que la ley busca combatir los monopolios y la competencia desleal en el mercado audiovisual de medios donde, según el Ejecutivo, el Grupo Clarín tiene una posición dominante, así como democratizar el sector y dar voz a las empresas más débiles. Ello implica que los medios con muchas propiedades deban desinvertir y obliga al Estado a fomentar la participación de medios más pequeños.
La ley señala que la actividad mediática es de interés público, de "carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población" y que la explotación de los servicios podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, "los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponible".
