Al menos 2.600 personas murieron a causa de la violencia política y los atentados en Egipto desde el derrocamiento militar de Mohamed Mursi de la presidencia en julio de 2013 hasta diciembre pasado, según los últimos datos del Consejo Nacional egipcio de Derechos Humanos (CNDH) divulgados hoy.

El organismo gubernamental precisa en su informe que entre los fallecidos hay 1.800 civiles, de ellos 1.250 miembros y seguidores de los Hermanos Musulmanes, y 700 oficiales y agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

El escrito, que no revela información sobre otras cien personas muertas en dicho periodo, explica que alrededor de 750 islamistas murieron durante el desalojo policial, el 14 de agosto de 2013, de las acampadas de los seguidores de Mursi en las plazas de Al Nahda y Rabea al Adauía, en la ciudades de Guiza y El Cairo.

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Por otra parte, el texto insta a las autoridades a modificar el Código Penal para reducir los crímenes castigados con pena de muerte en Egipto, que actualmente es la condena indicada para 75 infracciones, según la ley egipcia.

Cientos de personas han sido condenadas a pena de muerte en el último año en Egipto en macrojuicios que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado por considerar que no se respetaron los principios de justicia y que las sentencias fueron muy severas, entre otros motivos.

El propio Mursi fue condenado a muerte de forma provisional a mediados de este mes por el caso de la fuga de una cárcel durante la revolución de 2011, que derrocó al entonces mandatario Hosni Mubarak, aunque esa pena deberá ser confirmada el 2 de junio.

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Asimismo, el CNDH pidió que se aumente el número de personas a las que se otorga la libertad condicional, debido al hacinamiento existente en las cárceles egipcias.

Según el informe, las prisiones del país superan el 160 por ciento de su ocupación y las comisarías más del 300 por ciento.

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Además, el organismo reivindicó reformas legislativas para acabar con la tortura en los centro de detención y medidas preventivas para acabar con dicha práctica.

A modo de ejemplo, citó poner fin al aislamiento de los reos, permitirles comunicarse con el mundo exterior y retener a los presos únicamente en los centros de detención legales. (I)