En agosto del año pasado, la multinacional Veolia presentó una carta de intención al gobierno de Ecuador con miras a desarrollar un proyecto de construcción y operación de una planta de gestión de desechos industriales peligrosos. Ramiro Luque Flores, accionista y principal de Galileoenergy S.A., presentó la misiva ante el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (Micse), en su calidad de representante de Sarpi Veolia.

Esta información consta en un acuerdo de confidencialidad firmado, el 2 de septiembre de 2015, entre la gerente de Galileoenergy y esposa de Luque, Marianella Meza Bracho, y el viceministro José Icaza R.

Un convenio que se selló para intercambiar información sobre la producción de desechos industriales que no pueden ser tratados en Ecuador.

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Representantes del Ministerio señalaron que el acuerdo no tuvo ningún costo para el Estado pues no fue un contrato. Si bien duraba un año, finalmente el convenio se terminó antes de tiempo pues la posibilidad de que Veolia pudiera venir a invertir en el país no se dio.

Una razón de peso fue que el nivel de producción de desechos industriales peligrosos en Ecuador no es tan alto como para justificar la inversión.

Explicaron que este acuerdo se dio porque, anteriormente, Galileonergy firmó, también como representante de Veolia, un contrato con Petroecuador para tratar desechos industriales peligrosos de la Refinería de Esmeraldas.

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Este Diario publicó hace una semana que el contrato con Petroecuador, que ha sido observado por Contraloría, se dio en diciembre de 2012 por $ 8,8 millones, pero al sumar otros acuerdos complementarios el monto asciende a $ 38,1 millones.

El contrato, que tiene el número 2012065, contemplaba que los pagos se realicen mediante transferencias a la cuenta bancaria de la contratista en el exterior.

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En el mismo reportaje se reseñaba que Luque Flores y Galineoenergy S.A. aparecen en los archivos filtrados del estudio jurídico Mossack Fonseca (MF), conocidos como los Papeles de Panamá. De acuerdo con esos documentos, Luque Flores habría tramitado en el 2013 la compra de compañías offshore para dos funcionarios de Petroecuador, Álex Bravo Panchano y Arturo Escobar Domínguez. El primero, que llegó a ser gerente de Petroecuador, está detenido desde mayo pasado, acusado de enriquecimiento ilícito.

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Este Diario pidió nuevamente un comentario sobre el acuerdo de confidencialidad firmado con el Micse a la relacionista pública de Veolia, Sandrine Guendoul, pero no ha obtenido respuesta. Ni Luque ni Meza han respondido a pedidos de entrevistas de EL UNIVERSO. De otro lado, el sitio web de Galileoenergy, donde antes aparecía como representante de Sarpi / Veolia, está desde hace una semana en mantenimiento. (I)