Fernando Alarcón, director jurídico de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. (perteneciente al Grupo Noboa), canceló los cerca de cuatro millones de dólares ordenados por el Ministerio de Trabajo no porque reconozca la supuesta legalidad de la medida, sino para salvaguardar los intereses de toda la corporación.
De no haber cancelado, sostuvo Alarcón, se habría ejecutado el remate de la cartonera a un valor muy por debajo del real. El abogado explicó que las autoridades definieron el precio del bien a base del avalúo catastral, sin nombrar un perito y sin hacer las respectivas publicaciones en los medios de comunicación contraviniendo, según él, lo que señala el Código de Procedimiento Civil.
Una vez que se hizo el pago se ordenó levantar las medidas cautelares que había en contra de más de 50 empresas del Grupo Noboa. Alarcón indicó que en la Corte Constitucional reposa desde febrero un pedido de acción de protección. (I)
