La Contraloría General del Estado confirmó el pasado viernes 2 la determinación de glosas (responsabilidad civil) por 77,2 millones de dólares en contra de los exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera, así como Darío Velástegui, ex coordinador general jurídico del Ministerio de Economía.

La resolución se originó en los resultados del examen especial DADSySS-0036-2015, aplicado al cumplimiento de la normativa sobre los procesos de endeudamiento público, el destino y el uso de los recursos, entre el 2 de enero del 2008 y el 31 de julio del 2014.

En el 2012, cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de Economía, Rivera emitió un acuerdo ministerial que dio paso al pago del 40 % de las pensiones jubilares con bonos.

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Al ser relevado en el cargo por Herrera, este no objetó el mecanismo y autorizó este mecanismo de pago.

El examen especial muestra que de acuerdo con la legislación vigente la emisión de deuda solo puede destinarse a proyectos de inversión y refinanciamiento de otras deudas y no a gasto permanente, como es el caso del 40 % del pago de las pensiones jubilares.

“Se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente. Con excepción de los que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la República”, señala el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

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Los bonos emitidos -entre el 2013 y el 2014, por un total de $ 1.272,7 millones- provocaron que se siga manteniendo el pasivo en las cuentas del Estado y generaron intereses por $ 77,2 millones.

Para el Ministerio de Economía, este mecanismo de pago fue legal y no alteró la relación entre ingresos y egresos permanentes del Estado. Incluso, señalaron los informes de esa cartera, permitía obtener superávits. (I)