La reciente presentación de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación han generado reacciones en asambleístas y exfuncionarios, puesto que las atribuciones de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), ente que se eliminaría cuando la norma pase al Registro Oficial, pasarían a la Defensoría del Pueblo o al Cordicom.