Preocupación por seguridad de agentes que habrían secuestrado a Fernando Balda

Para evitar una nulidad que afecte a futuro el proceso que se sigue por el secuestro de Fernando Balda, el fiscal general encargado Raúl Pérez solicitó el diferimiento de los testimonios anticipados que los agentes de inteligencia Raúl Ch. y Jessica F. debían rendir este miércoles dentro del caso ante la jueza Daniela Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Raúl Ch. y Jessica F., junto a Jorge E., son los agentes policiales a los que la Fiscalía acusa de haber participado en el plagio del ex asambleísta nacional en Bogotá, en 2012.

Pese al diferimiento, Felipe Rodríguez, abogado de Balda, llegó a la CNJ para pedir que una vez que se dé la audiencia de vinculación del exdirector de inteligencia de la Policía, general Fausto Tamayo, y del exsecretario Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, planificada para el miércoles, se defina nueva fecha para escuchar los testimonios de los agentes.

El abogado dijo que apoyan 100 % la decisión adoptada por Pérez, pues explicó que si se rinden los testimonios antes de que se den las vinculaciones de Tamayo y Romero, se vulneraría el derecho a la contradición, es decir, a hacer preguntas que estos tienen. "Se daría una evidente nulidad, porque se les estaría privando de su derecho a la defensa".

Un familiar de los procesados que llegó para la diligencia, que pidió la reserva de su nombre, señaló que el mayor temor que tienen es la seguridad con que cuentan los agentes detenidos. La preocupación nace, apuntó, porque quienes se acogieron a la cooperación eficaz están entregando a la justicia información "delicada y reveladora".

La defensa de Balda teme que les llegue a pasar algo a los agentes Raúl Ch. y Jessica F. El temor nace, según Rodríguez, de que las personas involucradas en el caso son "altos jerarcas que han manejado por mucho tiempo la Policía" y además porque se mueven intereses políticos y económicos "de quienes se creían intocables en un país en el cual fueron intocables en el debido momento".

Al ser consultado sobre si continuarían con el proceso judicial si es que no se incluye a los que llaman "peces gordos", Rodríguez afirmó que eso se analizará. Pese a ello, adelantó que no sabe si Balda quisiera seguir con un caso en el que se pretendería que se busque justicia a través de mandos medios o bajos.

Ni el general Tamayo, ni Pablo Romero no son "peces gordos" en este caso, sostienen Balda y su defensa. Para ellos, "peces gordos" son personas con rangos de ministro y personas que trabajaban en Carondelet. "Nuestra intención no es perseguir a nadie, es tener justicia".

Respecto al pedido hecho por el fiscal Pérez para que el Consejo Nacional Electoral emita copias certificadas de las credenciales entregadas al exmandatario Rafael Correa, sobre su designación como presidente de la República durante sus dos períodos, Rodríguez piensa que esa acción apunta a llegar a instancias superiores que estarían involucradas en el delito.

"Si uno analiza un sistema de jerarquía y además una cadena de mando, uno puede generar la idea de cómo funciona un delito de estructura de Estado. En esa estructura de Estado uno puede verificar que existen superiores que tienen que saber lo que hacen sus inferiores (...) La vinculación (de Correa) depende del Fiscal General, pero si dependiera de mí yo creo que debería hacerse, pues existen los elementos", concluyó. (I)