El Ciudadano TV, canal creado por el gobierno de Rafael Correa en 2014, con una inversión que rebasa los $ 6,5 millones y 47 repetidoras en el país, tiene orden de cierre de parte de la actual administración de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), por no cumplir con su objetivo y su “precaria situación técnica y de infraestructura”, sus “limitaciones estructurales y de carácter profesional”.
Así lo señala un oficio emitido por Asesoría Jurídica de la Secom que, a su vez, cita otro documento elaborado por la Subsecretaría de Medios Institucionales, en el que se detallan las carencias del canal y la recomendación de apagar la señal UHF por la obsolescencia tecnológica, la escasa penetración y cobertura de la señal, debido a los daños encontrados en los equipos y la falta de previsión para darles mantenimiento oportuno durante los primeros años de operaciones.
“Teleciudadana (El Ciudadano TV) no cumple ni está en capacidad de cumplir los objetivos de tipo comunicacional que merecen las instituciones de la Función Ejecutiva y, especialmente, de la Presidencia de la República”. cita el oficio.
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El Ciudadano TV está al aire desde el 1 de diciembre de 2014.
Para la existencia del canal que sale en frecuencia UHF 48 y 49, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) emitió un dictamen de prioridad en enero del 2014 por un monto de inversión de $ 5,788 millones.
Diecinueve días después, al mando de Fernando Alvarado, la Secom firmó un convenio con la Empresa Pública de Televisión y Radio del Ecuador, en el que la Secretaría se comprometía a pagar $ 959.436 para que RTVEcuador ejecute la instalación, operación y puesta en marcha de todas las estaciones de televisión abierta que conforman El Ciudadano TV, permitiendo que la Secom utilice la infraestructura física en la que opera RTVEcuador, así como el uso de energía eléctrica, mantenimiento de equipos y demás servicios técnicos. Luego, este monto bajó a $ 881.839.
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En el proyecto que presenta cada año la Secom a Senplades, se detalla la inversión realizada por ese medio año por año: en el 2014 fueron $ 1,2 millones; el 2015, $ 1,9 millones; el 2016, $ 1,3 millones; el 2017 $ 1,4 millones, y la proyección para este fue de $ 2’337.523,98. Da un total de $ 8,2 millones, en cuatro años.
A este Diario, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, dijo que con el canal también se cierran el portal web y el periódico impreso del mismo nombre, y que en estas dependencias trabajarían cerca de cien funcionarios y tendrían que hacer un recorte. (I)
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Transición
Eliminación Supercom
Edificio
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación paga cerca de $ 30.000 por arriendo de su oficina; la Supercom tiene edificio propio y este lo ocupará la Cordicom, según Andrés Michelena.
Funcionarios
Los funcionarios que trabajan ahí son 300 y tal vez ninguno pueda ir a la Defensoría del Pueblo ni al Cordicom; simplemente habría un proceso de liquidación para ellos, manifestó Michelena.
