La interpretación y nulidad son los dos recursos que utilizará el Estado ecuatoriano en su intento de dejar sin efecto el fallo arbitral de la Corte de La Haya emitido el 30 de agosto pasado, y por el que el Ecuador pagaría una indemnización aún no cuantificada a Chevron.

La estrategia fue revelada ayer por el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional donde explicó la incidencia del fallo en contra del Ecuador.

Salvador añadió que presentarán una solicitud de interpretación de ciertos pasajes del laudo arbitral para que el tribunal los aclare, lo cual se podrá hacer en 90 días.

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Una vez vencido ese plazo, dijo, el Tribunal tiene 45 días para resolver; luego, la acción que queda al Estado es la acción de nulidad del laudo que debe versar sobre temas relativos a la falta de competencia del tribunal para haberlo dictado.

El procurador reveló que ya dispuso a los abogados del Estado que inicien el estudio de las dos acciones.

Para realizar esas solicitudes existen 90 días, reiteró Salvador; la interpretación tendrá que resolverse en 45 días y la de nulidad ante los tribunales holandeses puede demorar hasta cuatro años. Al final de ese proceso de nulidad, añadió, se sabrá si el laudo se aplica o no.

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Sin embargo, aclaró que la acción de nulidad no tiene efecto suspensivo; es decir que a pesar de que el Ecuador la presente el arbitraje proseguirá en su última fase, que es la de cuantificar la indemnización.

Dijo que no se conoce cuánto puede demorar ese proceso, pero que no será menos de dos años. Solamente ese momento el Ecuador tendrá la obligación de pagar la indemnización, si no se declara la nulidad.

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Pablo Fajardo, abogado de los afectados de Chevron, resaltó que el anuncio de la Procuraduría de optar por la nulidad y la interpretación del fallo es el camino que se debe seguir.

Además comentó que si la nulidad no prospera, la compañía tendrá que hacer la homologación del laudo en el país que quiera ejecutarlo, donde aún el Ecuador puede litigar.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, dijo que llama la atención que en el fallo se hable de que no hubo transparencia en la justicia ecuatoriana, y que eso se debe investigar.

Con la comparecencia del procurador se abre la puerta para nuevos llamados a funcionarios sobre el uso de recursos en campañas promocionales a través de la Secretaría de Comunicación; a los abogados que llevaron el caso y al exprocurador Diego García. (I)

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Indemnización

Cuatro años, según el procurador del Estado, Íñigo Salvador, podría demorar el proceso para determinar la cuantía de la indemnización que tendría que pagar el Ecuador a la compañía Chevron, en caso de que los recursos de revisión y nulidad al fallo del tribunal arbitral de La Haya que se presenten, no surtan efecto. (I)