El gobierno anterior nunca aceptó la acusación de que las FARC hubieran ayudado a financiar la campaña electoral del año 2006. Entre burlas y amenazas, el asunto fue pasando a segundo plano. Pero en los últimos años, la situación se ha agravado porque el gravísimo problema del consumo de drogas ha llegado a colegios y escuelas. Encuentro en la prensa nacional dramáticos testimonios de madres desesperadas porque sus hijos han caído en las garras de la adicción. Muchas familias no tienen dinero para pagar centros privados de tratamiento y otras han tenido que encadenar a sus hijos. Esto obliga a mejorar el sistema público gratuito. Puestos a pensar en las causas del incremento del tráfico y del consumo de las drogas, hay que señalar hechos concordantes:

Uno, la base de Manta. Con gran alharaca y proclamaciones de soberanía se expulsó a los gringos. Esto dejó libre el camino para que ríos y mares fueran caminos expeditos para transportar la droga. Se entregó la soberanía al narcotráfico. Ahora se ha permitido que venga un avión que ayude a detectar las naves portadoras y me parece próximo al chiste escuchar a un ministro tan serio como el general Jarrín hacerse lenguas insistiendo en que no se ha autorizado una nueva base y que se trata solo de un avión. El país ya entendió que viene a colaborar con el combate mundial contra el narcotráfico. No hacen falta más explicaciones.

Dos, el ataque al campamento. La aviación colombiana bombardeó un campamento de la guerrilla que se había asentado en nuestro territorio, tal vez con algún consentimiento. Murió el segundo de las FARC, Raúl Reyes.  Poco faltó para que el Gobierno, herido en su soberanía, declarara la guerra a Colombia porque sus aviones habían atacado a los terroristas en Ecuador. Ese ataque fue un gran paso para obligarlos a negociar la paz.

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Tres. En el Registro Oficial 628 del 16 de noviembre de 2015 se enmienda una tabla de consumo para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana y gran escala. Por ejemplo, de la pasta de cocaína que va de >0 hasta 2 gramos. La gente lo interpreta como que se pueden consumir en mínimas cantidades las sustancias prohibidas. De lo cual se deduce que si una persona puede consumir estupefacientes, se autorizan su producción y venta. Es la cadena normal de producción, distribución y consumo. Lo que indigna es que se esté corrompiendo lo más preciado de una sociedad que es su juventud. No sé a cuál de las estupideces cometidas por los anteriores gobernantes hay que darles el premio Belcebú que es la estatua de Kirchner. Tales factores y otros más nos llevan a pensar que no se trata de simples coincidencias.

Si es deber del Estado combatir el consumo de sustancias prohibidas, no es lógico autorizar en un reglamento dosis mínimas porque las dos acciones son contradictorias y por el principio lógico del tercero excluido, una de las dos debe desaparecer.

(O)