"Las razones jurídicas de esta denuncia (por delincuencia organizada, relacionada a Odebrecht) no las veo sustentables. Me parece que lo que más sustento tiene es un cariz político sobre el cual no me pronunciaré. Pero evidentemente coincide hay un actor politico, hay un proceso electoral".

Así respondió este mediodía el exfiscal general Galo Chiriboga a la convocatoria que le hizo la Fiscalía para que rinda una versión dentro de la investigación previa por el delito de delincuencia organizada denunciado, el 5 de marzo pasado, por el exasambleísta César Montúfar.

Poco antes de la llegada de Chiriboga, no asistieron a rendir su versión el exprocurador Diego García y el excontralor Carlos Pólit, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos. En el caso, el lunes último tampoco rindieron versión el expresidente Rafael Correa, su exvicepresidente Jorge Glas y el exfiscal general Carlos Baca, todos señalados en la denuncia de Montúfar.

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En cuanto al caso Odebrecht, Chiriboga aseguró que él hizo todo lo que debió hacer, desde el marco de sus competencias, una vez explotó la denuncia en Estados Unidos de que la empresa brasileña entregó sobornos en Ecuador por más de $33. 5 millones. Rechazó el que se diga que él dividió los casos Odebrecht para evitar que se los investigue, como ha dicho el denunciante.

Insiste en que los hechos que se mencionan en la parte que le corresponde, desde su opinión jurídica, no configurarían un delito de delincuencia organizada. Según Chiriboga, esas imputaciones imprecisas era sobre lo que iba a hablar en su versión.

Montúfar entregó este martes un escrito en la Fiscalía para lograr que todos quienes no han rendido versión lo hagan de la forma más rápida y que de no darse por segunda ocasión, la Fiscalía, mediante prevenciones de ley, es decir, con el apoyo de la Fuerza Pública, haga que rindan versión.

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Es importante la versión del exprocurador García, dijo Montúfar, porque con ella se demostrará que en Ecuador en la época del correísmo se permitió por fuera de la ley, con informes de la Procuraduría firmados por García, el que los contratos del Estado ecuatoriano firmado con empresas para la construcción de obras sobrepasen el 35% que era lo que la ley permitía para el ajuste de precios. (I)