En el quinto piso de la Procuraduría del Estado, en Quito, hay una disputa por una impresora que sirve a varios funcionarios y que sube de tono en momentos de mayor tensión, de demandas internacionales, cuando todos los documentos se los debe tener a la mano. También cuando se cae el internet o no se cuenta con los servicios en línea para consultar casos y datos especializados.
En este piso está la Dirección de Asuntos Internacionales y Arbitrajes, que –según la nómina oficial– tiene apenas doce abogados, quienes coordinan acciones con 14 estudios jurídicos contratados en el exterior.
Tras su posesión, el 31 de julio pasado, el procurador Íñigo Salvador anunció que revisaría la contratación de los bufetes y la pertinencia de sus honorarios. Dijo que, de ser necesario, se renegociarían los contratos y que la Procuraduría asumiría más responsabilidades. Pero su margen de maniobra es mínimo por las limitaciones del personal y falta de recursos.
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Según un examen de Contraloría, el pago a estudios jurídicos del extranjero representó entre 2014 y septiembre del 2017 el 46,85% del presupuesto total de la Procuraduría. El 2018 prevé gastar $ 30,8 millones, de ellos $ 15,9 millones se van en “Consultoría-Asesoría e Investigación Especializada”. Eso es 51,6% del monto asignado. Allí se contemplan los honorarios de los estudios jurídicos.
Otro limitante para la reestructuración es la formación de los abogados. La mayor parte del litigio internacional se lleva en un inglés muy especializado. Un exfuncionario de la entidad dice que “lamentablemente, en el país no existe el suficiente conocimiento ni del idioma ni del derecho internacional”.
Este Diario pidió entrevista con el procurador o su delegado por el tema de arbitrajes, pero no fue concedida. Lo único que respondió una de sus asesoras fue que “la institución sigue trabajando a full para defender los intereses del Estado”. (I)
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15,9 millones de dólares
de la Procuraduría se destinan a consultorías y asesorías, que incluyen pago a estudios jurídicos.
