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La Fiscalía asegura que la estructura criminal investigada contaba con un acuerdo de voluntades para realizar actividades ilícitas y obtener réditos económicos.
En este proceso penal se investiga una delincuencia organizada que se habría dado alrededor del manejo de empresas públicas.
La industria turística tiene reparos a la normativa que ha sido anunciada por el Gobierno.
Solo el 40 % de la oferta académica se ajusta a los requerimientos de la industria.
Según la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur), la baja en llegada de visitantes bordea el 20 % en comparación 2024-2023.
La Policía del Distrito Metropolitano mantiene convenios con el cabildo, uno de los cuales aún no se implementa.
Será una de las obras públicas que se implementarán en el segundo semestre del 2024.
Este miércoles se inauguraron sus dos primeras sedes, en el extremo norte, en Calderón, y en el sur, en Quitumbe.
En algunas zonas del país se vive en medio de un conflicto interno armado.
Según Quiport, empresa que tiene la concesión de la terminal aérea, los cierres han sido coordinados y autorizados por la Dirección General de Aviación Civil.
Según Quiport habrá, además, suspensión de las operaciones aéreas el 6, 13 y 20 de julio, entre las 02:00 y 12:00.
Negó además tener vinculación con exautoridades de tránsito.
Galo Lara, quien fue asambleísta, dijo que no son solo 39 los radares que han “vacunado”, sino que hay otros más en provincias como Guayas, Manabí, Santa Elena.
La iniciativa privada nació para ayudar a negocios ubicados en el casco colonial y superar los efectos del coronavirus.
Según la Prefectura de Pichincha, por esa vía circulan unos 600 buses al día.
La operación se iniciaría en 2025.
Es una iniciativa dirigida a promover la competitividad y la articulación productiva, involucrando a todos los actores de la cadena con procesos innovadores.
Según autoridades municipales, también se busca ampliar los estacionamientos en la capital.
Según Daniel Sánchez, director de la Arcsa, hacen los controles sobre un perfilamiento del riesgo de productos.
Gobierno aspira ahorrar más $ 600 millones y más cuando se emita el acuerdo ministerial que regula los contratos colectivos del sector público y privado.