En bloques de Asamblea se debate otra vía para sancionar a Sofía Espín

Ayer continuaba la puja por los 91 votos que permitirían destituir a la asambleísta Sofía Espín (antes de Alianza PAIS), acusada de incompatibilidad de funciones al visitar en la Cárcel 4 a una testigo protegida en el proceso por el secuestro del político Fernando Balda y por el cual está llamado a juicio el expresidente Rafael Correa.

Ante un escenario adverso por obtener los votos, desde el sector de independientes y de AP se analiza la posibilidad de acoger el informe de minoría dentro de la Comisión ocasional que trató el tema y que fue presentado por el legislador Bairon Valle (antes de AP).

Este propone suspender a Espín por un periodo de 30 días por el mal uso de su credencial de asambleísta.

Ximena Peña, coordinadora de AP, ratificó que en su bancada existen diferentes posiciones, pues “hay algunos compañeros que están de acuerdo con la destitución y otros que creen que es importante esperar el fallo de la Fiscalía para poder proceder, pues hay el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Espín”.

La legisladora dijo que acoger el informe de minoría para una sanción administrativa es una posibilidad; “creo que debe debatirse, en efecto, la posibilidad de que exista una sanción administrativa antes que una destitución definitiva, que indudablemente sería un pronunciamiento antes de que haya un fallo de la justicia”.

Daniel Mendoza, del bloque AP-aliados, dijo que no es prudente adelantarse a afirmar que no habrá los votos para destituir a Espín, pero coincidió con Peña en que no hay una decisión conjunta e incluso dijo que en su grupo no hay consenso.

El independiente Fernando Burbano insistió en que se necesitan 91 votos para una destitución de asambleístas y que al momento los independientes analizan las nuevas pruebas presentadas por Espín, que no fueron incluidas en el informe de la comisión.

Explicó que si el informe de mayoría que recomienda la destitución no tiene votos, existe el informe de minoría que recomienda una sanción y además obliga a la Asamblea a construir un Código de Ética.

César Rohón dijo que la posición del PSC es clara: que no haya perdón y olvido, sino castigo para las legisladoras por sus actos “inaceptables”.

En el bloque CREO persiste la división respecto a este tema. Ayer, Fabricio Villamar pidió expulsar del bloque a Fernando Flores, por plantear la moción que obtuvo 87 votos y con la que se determinó que para destituir a un legislador se necesitarán 91 voluntades.

Villamar, quien es uno de los acusadores de las legisladoras, manifestó que no pedirá la nulidad de la votación sino la reconsideración.

En la Bancada de Integración Nacional (BIN), según René Yandún, existe consenso entre sus catorce integrantes respecto a que se debe destituir a Espín y a Vallejo.

Los 29 asambleístas correístas votarán en contra del informe que recomienda la destitución, y según Mauricio Proaño, incluso su coidearia Sofía Espín no tendría que ser objeto de sanción administrativa.

De mantenerse la tendencia, quienes votarían por la destitución serían los legisladores de PSC, SUMA, BIN, parcialmente AP y no más de tres independientes, cuyas voluntades aún son insuficientes para obtener los 91 votos.

87 votos hubo a favor de resolución para normar destituciones. (I)