La Corte Nacional de Justicia (CNJ) asegura que el tiempo que toma una extradición depende de la legislación propia de las naciones con las que Ecuador mantiene, actualmente, convenios multilaterales y tratados bilaterales.

El país cerró el 2018 con 138 expedientes de extradición vigentes: 100 por solicitudes de extradición activas (que son las que envía Ecuador a otras naciones) y 38 de extradición pasivas (que son las requeridas por otros Estados).

La presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, quien se posesionó en enero del 2018, señala que encontró 159 expedientes de extradición pendientes.

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Entre enero y diciembre de ese año ingresaron 45 nuevos expedientes de extradición de ciudadanos que se encuentran en 14 Estados, entre ellos Estados Unidos (11), Perú (9), España (7), Colombia (5), Chile (3), Polonia (2)...

Según Gabriela Calvachi, subdirectora de Cooperación Judicial Internacional en la CNJ, de 204 expedientes de extradición tramitados hasta diciembre del 2018, 66 causas han sido archivadas, es decir que solo 138 están vigentes.

Calvachi afirma que el objetivo real de la extradición es poner a órdenes del juez penal de una causa a la persona requerida y la legislación ha tratado este proceso para que a través del mismo se pueda conseguir esa entrega.

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Pese a ello, reconoce la funcionaria que para las legislaciones de distintos países la extradición no es el único mecanismo por el cual se puede obtener la entrega de una persona requerida.

Por ejemplo, hasta la fecha no existe registro alguno de que se haya concedido una extradición de carácter activo desde Estados Unidos a Ecuador, pero aclara que sí se ha entregado a ciudadanos requeridos dentro de la extradición a través de mecanismos como deportación o expulsión de ese país.

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Datos de la CNJ señalan que de las extradiciones activas planteadas por Ecuador en 2018 se entregó a once procesados: 8 desde Colombia, 2 de Perú y 1 desde Chile.

En cambio, en el caso de las extradiciones pasivas, Ecuador otorgó la extradición a tres ciudadanos de España, Panamá y Polonia.

Aguirre asegura que las peticiones de extradición que salen de Ecuador son absolutamente motivadas y fundamentadas.

Constitucionalistas como Ismael Quintana sostienen que “nuestros jueces de la Corte Nacional de Justicia, (de) donde salen los pedidos de extradición, formulan mal las solicitudes, envían mal las traducciones. Es la causa general para que los procesos no sean exitosos”.

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Aguirre no lo acepta e insiste en que la resolución y tardanza de la respuesta de un pedido de extradición depende de la legislación de cada país. Agrega que lo que suele ocurrir es que solicitan más documentos y nuevas traducciones.

Con Quintana coincide el jurista Carlos Estarellas, quien agrega que el país no cuenta con abogados especializados en extradición.

La presidenta de la CNJ también refiere las exigencias y respuestas de las naciones a las que se hace pedidos: “A veces incluso dicen los países requeridos que no consta en la Ley de Extradición, que no consta en el Tratado, pero puede ser necesario, importante y nos vuelven a pedir otros documentos, otras traducciones y seguimos mandando”. (I)