Norma Vallejo y Ana Galarza no perdieron sus curules por acusaciones originales

Las asambleístas Norma Vallejo (AP) y Ana Galarza (CREO) , que fueron sometidas a investigación por supuestos cobros indebidos a sus asesores terminaron siendo destituidas, por gestionar cargos públicos.Una tercera asambleísta destituida fue Sofía Espín (antes de AP), por incompatibilidad de funciones luego de visitar a la exagente de Inteligencia, Jéssica Falcón, implicada en el secuestro del político Fernando Balda, en el que se involucra al exmandatario Rafael Correa.Uno de los obstáculos que encontraron las dos comisiones multipartidistas que investigaron a Vallejo y Galarza es la ausencia de una disposición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) , para sancionar con la destitución o pérdida del cargo de asambleístas por cobros de ‘diezmos’.Eso motivó que, en ambos casos, la investigación se desvíe hacia la gestión de cargo público, que está prohibido en la Constitución y en la LOFL. La Comisión de Justicia intenta incluir una reforma al artículo 163 donde se prohíbe y se sanciona con destitución, percibir dietas, contribuciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo. El proyecto está pendiente de trámite en primer debate.Una vez que el proceso administrativo en el interior de la Asamblea contra Galarza concluyó, la exlegisladora debe enfrentar en la justicia ordinaria una investigación previa abierta en su contra luego de la denuncia de su exasistente Lenin Rodríguez, por supuestamente haber cometido delitos como enriquecimiento ilícito, concusión, falsificación de firma y uso doloso de documento falso.Dentro de esta investigación Galarza fue convocada a rendir versión el lunes próximo a las 14:30 . Horas antes (08:45), Rodríguez deberá ir a la Fiscalía para reconocer su firma en la denuncia interpuesta y además a rendir su versión libre y voluntaria sobre los hechos que se investigan.El impulso fiscal emitido en esta causa incluye un pedido a la Asamblea para que se remitan los videos de las cámaras de circuito cerrado de esa institución del periodo del 24 de mayo de 2017 hasta el 23 de enero pasado. También se solicita el registro del uso de la tarjeta electrónica perteneciente a la asesora 2, Carmen Alvarado, y copias certificadas del registro de asistencias de asesores y asistentes de Galarza. A la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la Fiscalía le solicitó que en quince días le remita los movimientos financieros de Ana Galarza, de su esposo Juan Francisco Sevilla, y de sus asesores y esposos Omar Mayorga y Carmen Alvarado .Sobre estas mismas personas se pide a la Superintendencia de Bancos que informe el detalle de cuentas e inversiones que ellos mantienen en el sistema financiero local.En la Asamblea se realiza un sumario administrativo en contra de los exasesores Mayorga y Alvarado, previo a su separación como funcionarios legislativos como lo anunció días atrás su presidenta, Elizabeth Cabezas (AP). La funcionaria aclaró entonces que los resultados de la investigación demostrarán las irregularidades que habrían cometido los dos asesores, como el incumplimiento del reglamento interno, y se procederá a desvincularlos. (I) Once casos Fabricio Villamar (CREO), en septiembre del 2018, presentó una denuncia por presuntas irregularidades cometidas por al menos once legisladores de varias tendencias políticas. Últimas investigaciones Washington Paredes (antes SUMA) y Alberto Zambrano (AP) enfrentan en la Fiscalía denuncias por supuesta gestión de cargo público.

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