En el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay información “parcial” de la documentación de la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela, que manejó el comité interinstitucional creado con ese objetivo en el gobierno de Rafael Correa.

Este es uno de los efectos de cómo se había manejado la información durante la gestión del Comité Interinstitucional, y que se desprenden de las conclusiones de un informe borrador que se leyó ayer en la Contraloría, que realiza un examen al trabajo de dicha instancia.

Este examen se hizo luego de que la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, denunció la desaparición de un denominado tercer producto que era parte de un peritaje elaborado por el argentino Roberto Meza, que narraba los hechos del asesinato del general, quien denunció irregularidades en la compra de helicópteros Dhruv.

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Durante la lectura, a la que no acudió ningún exministro de Estado, pero sí Ochoa, se oía que hay “evidencia de documentos sin orden cronológico, falta de documentos”, que estaban a cargo de asistentes, directores, a quienes se los responsabiliza de incumplir el manejo y administración de bienes del servicio público, por ejemplo.

Se realizaron 71 reuniones en la que participaron 88 personas, entre ministros de Estado, pero no hay actas, solo listados de asistencia, “26 sin firmas”.

Se observó que el desaparecido ministerio tiene información ‘parcial’ que no permite tener “evidencias suficientes para identificar el estado de la gestión administrativa de los archivos institucionales”.

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Se detalló que un funcionario, que fue retirado de su cargo en diciembre del 2017, y que estaba a cargo de toda la documentación relacionada con el caso Gabela, no elaboró un informe final de su trabajo, ni la traspasó a otro servidor. Dejó la información “sin custodia, ni seguridad”, por ocho meses, hasta que en agosto del 2018 se hizo un inventario.

Ochoa dijo al final de la lectura que esto “no es nuevo”. “Es un descuido total de la información”. Y pidió a la Fiscalía General que determine responsabilidades, incluso, penales.

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Los funcionarios involucrados tienen cinco días para presentar documentos de respuesta a las conclusiones, que son previas al informe final, explicó la institución. (I)

Es un descuido total de la información. Tienen que responder los ministros de Justicia que estaban a la cabeza. El expresidente Rafael Correa es quien más debe responder por la información”. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela