Por Miriam Jordan
Luego de trabajar todo un verano en Las Vegas, donde cargó cajas y muebles para reunir el dinero necesario para su solicitud de ciudadanía estadounidense, Jose Silva reunió los 725 dólares e hizo el pago a finales de 2017, unos días antes de cumplir 18 años. “Esperaba poder votar en las elecciones intermedias” de noviembre de 2018, dijo.
Sin embargo, no fue hasta principios de febrero pasado, más de un año y medio después de que presentara su solicitud, que al estudiante universitario le programaron su primera entrevista para el proceso; será el 20 de marzo. Si recibe el visto bueno, Silva prestará juramento como ciudadano hacia finales de 2019.
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Quienes quieren naturalizarse como estadounidenses ahora deben esperar, en promedio, diez meses: el doble de tiempo que hace dos años. En la oficina de Las Vegas, que tiene una acumulación particularmente grande de casos pendientes, la espera para los solicitantes puede ser de hasta 31 meses.
Los retrasos aumentan a medida que el gobierno de Donald Trump ha intensificado el escrutinio de las solicitudes, ha reasignado al personal que suele revisarlas y promovido medidas que muy probablemente hagan más lento y difícil el proceso para que quienes tienen una green card o residencia puedan naturalizarse como ciudadanos.
Casi nueve millones de inmigrantes en Estados Unidos tienen derecho a solicitar la ciudadanía. En el pasado, la exorbitante cuota de la solicitud y los exámenes de educación cívica e inglés desalentaban a muchos de naturalizarse. Preferían renovar su residencia legal cada década.
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Sin embargo, la estrategia del gobierno estadounidense de incrementar las restricciones a la inmigración ha provocado que muchos residentes permanentes con antigüedad se den cuenta de que una tarjeta de residencia permanente, o green card, no los protege de la deportación. Además, muchos han decidido buscar la ciudadanía a fin de poder votar; cientos de miles de inmigrantes se convertirán en posibles electores antes de la elección presidencial de 2020.
Los críticos de las políticas gubernamentales señalan que el cúmulo creciente de solicitudes pendientes está dificultando aun más que los inmigrantes se involucren cívicamente y fortalezcan su vínculo con su país adoptivo. “Lejos de la mirada pública, el gobierno de Trump está estrangulando el proceso de naturalización”, dijo Steven Choi, presidente de la National Partnership for New Americans, una coalición de grupos que busca que se establezcan talleres de naturalización y servicios legales a los ciudadanos en potencia.
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“Algunos solicitantes de naturalización no solo fueron rechazados, sino que se les sometió a un proceso de remoción para quitarles su residencia permanente”.
Ted Farrell, abogado migratorio
En septiembre de 2018, la coalición interpuso una demanda federal en Los Ángeles en contra del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia que revisa las solicitudes, para quejarse de los tiempos de espera.
La agencia federal señaló que los retrasos se deben al aumento en la cantidad de solicitudes.
“La USCIS sigue gestionando la carga de casos pendientes de naturalización, la cual se disparó a más del doble durante el gobierno de Obama; de 291.800 en septiembre de 2010 a casi 700.000 a principios de 2017. Ahora, pese a una ola histórica y sin precedentes en la cantidad de solicitudes, la USCIS está procesando más solicitudes de ciudadanía de manera más eficaz y eficiente, con lo que va superando sus propios estándares de trabajo”, afirmó Michael Bars, vocero de la agencia, en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico.
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En el pasado ha habido repuntes más elevados de solicitudes; en 2007 la carga de trabajo creció hasta 1,4 millones y la agencia logró ponerse al corriente al año siguiente. Eso no ha sucedido con la acumulación actual.
En total, 750.793 solicitudes estaban pendientes a finales de junio de 2018, el periodo más reciente del que se tiene registro. No obstante, el ritmo al que se están tramitando es el más lento que se ha visto desde hace una década, de acuerdo con un análisis de Boundless Immigration, una empresa de tecnología en Seattle que ayuda a inmigrantes a obtener tarjetas de residencia permanente y la ciudadanía. En 2017, USCIS terminó los trámites de la mitad de sus solicitudes, en comparación con el 60 por ciento de procesos revisados en 2016 (los datos para 2018 no están disponibles).
“Las solicitudes de ciudadanía han aumentado en muchas ocasiones pasadas y la USCIS siempre se las arregló para reunir los recursos suficientes para gestionarlas. Los periodos de espera se han duplicado y la agencia apenas puede tramitar la mitad de sus casos pendientes”, dijo Doug Rand, uno de los fundadores de Boundless Immigration.
En una carta enviada el 12 de febrero al director de USCIS, 86 miembros del Congreso estadounidense expresaron preocupación acerca del “crecimiento alarmante de los retrasos del trámite” de naturalización y otros servicios como las tarjetas de residencia y las visas.
“Esto parece ser parte del cambio de prioridades hacia el control de la inmigración por encima de las atribuciones para dar servicios que son centrales al mandato de la agencia”, señala la carta, en la que los legisladores solicitaron detalles acerca de qué se está haciendo para reducir y eliminar la carga de trabajo pendiente.
Los periodos de procesamiento varían en todo Estados Unidos, según el volumen de trabajo y el personal disponible en las oficinas regionales. Los solicitantes en Houston podrían esperar hasta dos años; en Atlanta, la espera podría ser aún más larga. En contraste, los que buscan obtener la ciudadanía en Louisville, Kentucky, usualmente esperan un máximo de diez meses. En Buffalo, el tiempo de espera es de poco más de un año.
Ahora hay un escrutinio más riguroso para las solicitudes de ciudadanía, y es probable que se intensifique. El gobierno de Trump afirma que está dando especial importancia a la integridad de los solicitantes. Pero los abogados de inmigración y otros expertos indican que los oficiales están buscandoo información de años atrás con el fin de plantear dudas que retrasan y ponen en riesgo la ciudadanía de muchos solicitantes.
“El año pasado vimos por primera vez que algunos solicitantes de naturalización no solo fueron rechazados, sino que se les sometió a un proceso de remoción para quitarles su residencia permanente”, dijo Ted Farrell, abogado de inmigración en Louisville.
A Ahmed Bafagih, de 31 años y residente permanente desde 2010, se le negó la ciudadanía en enero luego de que le dijo a un oficial durante su entrevista en Houston que nació en Kenia, y no en Yemen, como indicaba su expediente. Va a apelar la decisión.
“De buena fe, quise corregir un error que habría pasado desapercibido”, dijo el técnico de laboratorio, quien se mudó a la ciudad yemení de Sana desde Mombasa, su lugar de nacimiento, cuando tenía alrededor de 30 días de nacido.
El documento de rechazo a su solicitud, que revisó The New York Times, dice en referencia al dato incorrecto en el acta de nacimiento: “Su expediente refleja que hubo fraude en la gestión de su estado de Residente Permanente Legal”.
Los padres de Bafagih, nacidos en Yemen, tienen la ciudadanía estadounidense, al igual que tres de sus hermanas.
“Crié a mis hijos para que amaran este país. De pronto, mi hijo reporta un error y eso lo perjudica; deja un muy mal sabor de boca”, dijo Jamal Bafagih, su padre.
Algunos cambios regulatorios que harían todavía más costoso el proceso están pendientes de aprobación.
Con una de las propuestas, muchos solicitantes de la ciudadanía naturalizada tendrían que compartir su historial de viaje de una década, en comparación con los cinco años que se piden en la actualidad; se requeriría que presenten más documentos, entre ellos las actas de nacimientos de sus hijos (que muchos refugiados no tienen), y tendrían que dar más datos para comprobar que tienen “buen carácter moral”.
USCIS también ha propuesto restringir los criterios para otorgar una exención de la cuota del trámite, de 725 dólares, una medida que podría reducir la cantidad de inmigrantes de bajos ingresos capaces de costear el proceso.
Además, muchos funcionarios de la agencia que realizan entrevistas de ciudadanía han sido reasignados a la frontera estadounidense con México para entrevistar a solicitantes de asilo, cuyos casos el gobierno quiere acelerar, de acuerdo con un funcionario de USCIS que habló con la condición de permanecer en el anonimato pues no estaba autorizado para dar declaraciones a los medios.
Jose Silva
Para muchos de los que están esperando su turno, hay mucho más en juego que solo el orgullo de ostentar la ciudadanía. Tener un pasaporte estadounidense abre las puertas a ciertos trabajos, como en las agencias policiales. Jose Silva, el solicitante de Las Vegas, está estudiando árabe, un idioma de alta demanda en las agencias de gobierno, que suelen contratar solo a ciudadanos estadounidenses.
Está cursando clases en una escuela técnica, pero el próximo año esperaba poder transferirse a una universidad para estudiar la licenciatura. Para ello, enfrenta otro problema.
“Mi pasión son los idiomas”, dijo Silva, pero “para obtener las becas que he encontrado tienes que ser ciudadano estadounidense”. (I)