Madre pide la reapertura de caso de abuso llevado a CIDH

A más de que el Estado ecuatoriano reconozca su error o le entregue una reparación integral, Petita Albarracín espera que se reabra la investigación contra el vicerrector del colegio Martínez Serrano, donde estudiaba su hija, y quien supuestamente la habría violado. El caso prescribió en 2008.

Petita es la madre de Paola Guzmán, una adolescente de 14 años que en 2002 murió tras comer diablillos, pues habría sido acosada y violada en repetidas ocasiones por Bolívar E., entonces de 65 años.

La mujer asegura que tras la muerte de su hija (diciembre del 2002) se enteró de lo sucedido, pues sus compañeras más cercanas empezaron a contar que Bolívar E. habría embarazado a Paola.

Contaron que en octubre de ese año, el vicerrector había obligado a su hija a abortar y el procedimiento había sido en el centro médico del plantel. El médico del colegio habría realizado el aborto.

Las compañeras también habrían revelado en ese entonces que ese médico luego también habría violado a Paola.

La joven se sumió en una fuerte depresión. Su madre lo notó, pero a pesar de su insistencia, Paola no habló.

Un día almorzó y se dirigió al colegio, se subió al bus y les contó a sus compañeras que había comido diablillos. Ellas no le creyeron hasta que a las 15:00 empezó a sentirse mal. Su madre llegó al colegio porque le avisaron y la encontró en un pabellón recostada.

“Mi hija me abrazó y me dijo que la perdonara por lo que había hecho, yo la llevé al hospital pero esa noche murió”, dijo Petita ayer. Ella estuvo en una rueda de prensa en la que el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) junto con el Centro de Derechos Reproductivos hablaron del caso que se ventilará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lita Martínez, directora del Cepam, mencionó que del dictamen de la Corte Internacional tiene ese poder de abrir el caso a pesar de la prescripción y de ordenar que se investigue de forma individual a quienes fueron parte del caso como encubridores y a los funcionarios que no hicieron su trabajo.

La CIDH tardaría entre 20 y 24 meses en resolver el caso y podría sancionar al Estado ecuatoriano por la violación de derechos. (I)

El dato

En un primer informe (febrero 2019) la CIDH determinó que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida”.