Defensa de María Sol Larrea rechaza revocatoria de dictamen abstentivo en caso de peculado

A dos días de que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, revocó el dictamen abstentivo que favoreció a María Sol Larrea y Marcos Manrique, acusados de autora y cómplice, respectivamente, del delito de peculado ocurrido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) , el abogado de Larrea insiste en que su cliente es inocente.Juan Pablo Torres, abogado de la exdirectora del Hospital Carlos Andrade Marín, asegura que su defendida no tuvo participación activa en ningún momento de la contratación, ni de la etapa contractual, precontractual o de ejecución. Incluso, recordó, que a esa conclusión llegaron los peritos que participaron en la instrucción fiscal de este caso. "El proceso de adquisición de servicios oftalmológicos es un contrato que data del 2011. (...) María Sol Larrea, y consta del expediente, no es ni generadora de la necesidad, ni ordenadora de gasto, ni miembro de Comisión Técnica, ni suscriptora de contrato, peor aún contratista. No ejerce ninguna de esas calidades", explicó Torres. Larrea y Manrique son procesados por el presunto sobreprecio en la compra de equipamiento oftalmológico para unidades médicas del IESS. El hecho ilícito fue conocido por la Fiscalía en 2015, debido a un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado.El IRP se derivó de un examen especial a los procesos de contratación realizados por la Comisión Técnica de Nivel Central del IESS para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento oftalmológico para sus unidades médicas nivel nacional. El fiscal provincial Santillán a diferencia del fiscal inferior, Alejandro Vásconez, quien emitió el dictamen abstentivo para Larrea y Manrique, encontró suficientes elementos de convicción para revocar el dictamen y pedir que la fiscal Jimena Moina continúe con el proceso de acusación contra los dos implicados.En la investigación la Fiscalía habría encontrado elementos que definen que en este caso existieron compañías que habrían ofertado equipos a un costo unitario de $126.990, mientras otras empresas ofertaban equipos a precios menores de hasta $75.000Torres sostiene que eso no es tan cierto como lo dicen, pero acota que tampoco puede ser jamás ese el argumento para que Larrea esté procesada, debido a que ella no fue parte de la Comisión Técnica que califica la validez y legitimidad de las ofertas."Aquí hay un error conceptual: no significa que cuando se llega a un proceso precontractual se debe contratar la empresa que menor oferta, sino la que mejor calidad tiene. Eso dice la Ley Orgánica de Contratación Pública, aquella oferta que sea la mejor, no dice la oferta que sea más barata. Si yo oferto un equipo con calidad 10 a un costo 10, es mucho mejor que contratar un equipo de calidad 1 a un costo 1", apuntó el abogado.Larrea, quien también fue coordinadora del IESS y cercana al expresidente de ese organismo, Ramiro González, fue sentenciada a veinte meses de prisión por el delito de tráfico de influencias. La pena fue reducida debido a que la procesada se acogió a la figura del procedimiento abreviado. Gonzalez fue detenido en Perú, debido a una difusión roja que mantenía en Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) , pues era requerido para investigaciones por delitos de tráfico de influencias y evasión tributaria, los cuales se habrían dado cuando él dirigía el IESS. Actualmente se sigue contra él un proceso de extradición.Al momento el caso estaría a la espera de que un juez fije día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. (I)

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