En el marco del 'Acuerdo Nacional 2030', las autoridades de varias instituciones del Estado firmaron un documento con ocho medidas para combatir todo tipo de violencia, en especial, de la violencia ejercida contra los grupos vulnerables.

El Acuerdo Interinstitucional de quince páginas busca implementar medidas de prevención, atención, reparación integral, no repetición ni revictimización y justicia para mujeres, niñas y niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en condición de movilidad humana "y en contra de toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad".

Se creará una Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, integrada por las máximas autoridades de la funciones del Estado con el fin de superar o eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a justicia de las víctimas de esos ilícitos, su reparación integral, y todo lo relacionado con el juzgamiento de los adolescentes en conflicto con la ley.

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Se crearán subcomisiones técnicas con representantes de instituciones involucradas y de la sociedad civil para que presenten propuestas específicas. Se buscará el fortalecimiento de la justicia especializada, así como promover la efectiva aplicación de los parámetros, protocolos, instructivos y ayudas técnicas de, entre otros, la no revictimización, anticipo probatorio, etc.

Se propondrán reformas legales, a través de la Corte Nacional de Justicia, para actualizar las normativas a los parámetros determinados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia nacional y supranacional, con el objetivo de "contribuir a la tutela efectiva que garantice que la celeridad y eficacia judicial, el acceso efectivo, inclusive en las zonas rurales y evite la impunidad".

Además, se busca la unificación en la interpretación y aplicación de la ley por parte de juezas y jueces del país, la capacitación y formación de los servidores judiciales en el tratamiento de la violencia, la revisión de los protocolos e instructivos que procuren procedimientos sencillos y eficaces.

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"De igual forma se adoptarán medidas que busquen la sensibilización de los agresores... Si fuera necesario se crearán nuevos protocolos e instructivos o se reformarán, acumularán o suprimirán los existentes", señala el Acuerdo en su artículo siete.

Finalmente, se fortalecerá la implementación del Registro Judicial y el Registro Único de Violencia contra las Mujeres conforme la Ley, considerando el "Proyecto SCUDO" o Sistema Unificado de Registro de Información de Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes. En el evento también estuvo el coordinador del Acuerdo Nacional, el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

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