“Se está planteando una puja ciudadana”, reclamó Simón Espinosa, de la Comisión Nacional Anticorrupción, a la Asamblea Nacional por iniciar un trámite de enmienda constitucional para restar la atribución de elegir autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y asumirla ellos, y evitar que sea eliminado. Ayer, Espinosa y otros actores políticos y ciudadanos como Martha Troya, viuda de Julio César Trujillo, extitular del CPCCS transitorio e ideador de eliminar el Consejo, firmaron la propuesta del Comité por la Institucionalización por la Democracia para reformar parcialmente la Carta Magna y que se disuelva el CPCCS y sea una cámara bicameral la que elija a las autoridades de control. Tienen 180 días para recoger más de 132.000 firmas. Su coordinador, Pablo Dávila, espera reunirlas hasta diciembre y habla del proceso.

¿Cree que el Legislativo no ve con buenos ojos crear una cámara bicameral, y como un cálculo político va por la enmienda solo para quitar la atribución al Consejo de Participación?

Esto se transparentará cuando lleguemos a la Asamblea. El país va a ser testigo de los compromisos con los intereses públicos.

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¿Por qué es necesario eliminarlo y no solo quitarle su atribución?

Parece ser que hay un consenso generalizado de que hay que quitarle la atribución de designar autoridades. La pregunta es: ¿qué le queda al Consejo?, promover la participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Le quitas eso y no pasa nada. Quienes impulsan la enmienda ¿qué objetivo tienen? Dejar un órgano inerte que le cuesta al país. Ese órgano debe desaparecer por la responsabilidad en el diseño institucional, no se trata de dejar un organismo a medias.

¿Es su aspiración que su iniciativa esté en una papeleta en las elecciones generales del 2021?

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En el escenario más positivo, es terminar este proceso a mediados del próximo año. Si se alarga, podría extenderse hasta las elecciones del 2021. Pero siempre defenderemos nuestro derecho de que se pronuncien los ciudadanos. Lo que menos queremos es que nuestra propuesta se contamine con elementos de campaña electoral.

En el escenario de que la Asamblea debata, tramite el proyecto de reforma, pero al final no hay votos para aprobarla, ¿puede archivarse?

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Les conviene discutir, porque va a estar en sus manos la posibilidad de presentar observaciones a la propuesta. Porque si no hay los votos o quieren bloquear políticamente esto, transcurrido el año se va a convocar un referéndum sobre nuestro documento. Contrario a lo que puedan estar creyendo, les conviene discutir el tema.(I)

La Asamblea debe pronunciarse, si no llevaré la propuesta a la Corte Constitucional y autorizará al Consejo Electoral que convoque a referéndum sobre nuestro texto. Les conviene discutir”, Pablo Dávila.