“La expectativa es que el movimiento independentista catalán seguirá adelante, ya es un camino sin retorno y ya no hay vuelta atrás”, afirma el presidente de Casal Catalá en Quito, Joan Berni, sobre la situación en Cataluña, tras la sentencia a 12 líderes separatistas, 9 de los cuales fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años.

“La negociación, acuerdos con España es inviable”, sentencia Berni, quien preside el centro en la capital, en donde se promueve la cultura catalana.

Berni enfatiza la lucha histórica por la independencia que ha mantenido Cataluña y dice que la sentencia a los nueve líderes separatistas fue algo que los catalanes ya esperaban y consideran que es una sentencia “triste y totalmente injusta” y que es muestra de “venganza y de escarmiento” para que una situación similar no se repita en el futuro. Añade que los catalanes como muestra de inconformidad a una “ley injusta” optaron por una desobediencia civil.

Estos actos de desobediencia han sumido a Barcelona en caos, con cierres de vías y carreteras, tomas de terminales aéreas y férreas y amplias manifestaciones con enfrentamientos policiales, que según la alcaldía barcelonesa han dejado daños que superaron más del millón de dólares en los dos días de enfrentamientos.

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En el cuarto día de movilizaciones, en vísperas de una jornada de “huelga general” en Barcelona con la llegada de cinco marchas procedentes de otras ciudades de la región, se presentaron marchas pacíficas masivas. Sin embargo, al término de una de estas un grupo de radicales levantaron barricadas e incendiaron contenedores de basuras.

En un discurso ante el Parlamento regional, el presidente catalán Quim Torrá criticó los disturbios, asegurando que la causa separatista es pacífica.

El presidente Torrá se pronunció y dejó en claro su intento de reactivar el estancado proceso secesionista, asegurando que las sentencias no frenarán una nueva votación de independencia, la que buscará realizar hasta que termine su mandato a inicios de 2022.

En tanto, el Tribunal Constitucional español advirtió a las autoridades catalanas de las consecuencias legales que podría acarrear incumplir la ley en su pulso independentista.

Una fuente cercana al líder catalán dijo que podría realizarse una eventual votación, coincidiendo con una elección regional que podría ser considerada un plebiscito sobre la independencia, una decisión que podría sortear la negativa de Madrid a permitir la celebración de un referendo.

Para Carlos Abella, embajador de España en Ecuador, las actuales manifestaciones no son autoría de los “catalanes” o del “pueblo” contra un gobierno, sino son producto de una minoría violenta que busca atentar contra una sentencia de un órgano judicial que actuó conforme lo que dice la ley.

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El embajador enfatiza que España es una de las democracias más reconocidas del mundo y en la que nadie es juzgado por sus ideas ni proyectos políticos, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico. Y añade que la Constitución Española garantiza el pluralismo político.

El Gobierno español se han mantenido firme en que la sentencia es el resultado de un proceso judicial con todas las garantías, transparente y llevado a cabo por un poder judicial independiente y profesional.

Este proceso llevó bajo la justicia a las doce personas condenadas ante la ley por graves delitos. Cinco casos por sedición, cuatro casos por sedición y malversación y tres casos por desobediencia.

Asimismo, el Gobierno ha enfatizado que España desea abrir una nueva etapa de concordia nacional y en Cataluña, entre los propios catalanes, y de trabajo e inserción en el proyecto común con los países de la Unión Europea. (I)