Qué opción tienen los asambleístas ecuatorianos protegidos en embajada de México

El asilo político o diplomático sería la figura por la que podrían optar los seis ecuatorianos refugiados, entre ellos cuatro asambleístas,  en la embajada de México, en Quito, desde octubre pasado, según coinciden un excanciller y un exsubsecretario de Relaciones Exteriores.

Carlos Estarellas Velásquez, catedrático y exsubsecretario de Relaciones Exteriores, explicó que de acuerdo a las convenciones internacionales pueden solicitar asilo y no refugio porque este último es un asilo territorial que podría haberse dado si  hubieran llegado a México, lo cual no es el caso.

Explicó que dentro de este pedido de asilo tanto el Gobierno como los solicitantes deberán presentar las pruebas. Los peticionarios deberán demostrar si son perseguidos políticos y Ecuador, a través de la Cancillería, deberán argumentar si eso no es así, añade.

Según Estarellas, no hay un tiempo perentorio para conceder el asilo y es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el que decide darlo o no.

El asilo político dura mientras dure la persecución, indica. "Si dicen que los persigue (Lenín) Moreno, en el momento que ya termine el periodo pueden regresar a Ecuador", agrega.

En el caso de que México les conceda el asilo y el gobierno de Ecuador no los considere como perseguidos políticos podría negarles un salvoconducto para que salgan de la embajada de México, tal como sucedió en el caso de Julian Assange cuando Inglaterra le negó a Ecuador el salvoconducto, menciona Estarellas.

El excanciller Enrique Ayala Lasso también expresa que es el gobierno de México el que, en base al informe que haya recibido sobre la situación, deberá decidir si continúa la protección o el asilo diplomático, que es un derecho conforme la Convención de Caracas.  "Es el gobierno al que se le solicita el asilo el que decide si se trata de un delito común o un delito político" , expresa.

Pero señala que si México concede el asilo político, a Ecuador no le quedaría más opción que otorgarle el salvoconducto. 

Agrega que la protección podría continuar ofreciéndola, pero no está jurídicamente definida por el derecho internacional.

Quiénes permanecen en la embajada en Quito

El pasado 14 de octubre el gobierno de México concedió protección y resguardo en su embajada en Quito a Luis Fernando Molina (asambleísta alterno nacional), Soledad Buendía (asambleísta nacional),  Edwin Jarrín (cónyuge de Soledad Buendía),  Carlos Viteri (asambleísta nacional), Tania Pauker (cónyuge de Carlos Viteri) y Leónidas Aníbal Moreno Ordóñez (procurador síndico de la Prefectura de Pichincha).

Esta acción se suma al resguardo y protección que el Gobierno de México brindó el 12 de octubre pasado a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, señala el comunicado.

"Nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política. Nuevamente, el Gobierno reafirma su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador", dice el comunicado del gobierno mexicano del 14 de octubre.

El mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, en una cadena nacional acusó a Rafael Correa, Ricardo Patiño, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, detenida,  y el exlegislador Virgilio Hernández, de buscar un ‘golpe de estado’ en el país. 

La asambleísta Rivadeneira y el exlegislador Hernández, secretario ejecutivo de la llamada Revolución Ciudadana, solicitaron asilo político a México y han señalado ser perseguidos políticos.

Los legisladores Buendía, Viteri y Molina también han presentado diversas denuncias formales sobre amenazas, hostigamiento y persecución política.  

El presidente Lenín Moreno denunció la injerencia del correísmo en las violentas manifestaciones que se dieron por la eliminación del subsidio a los combustibles. (I)