La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado ecuatoriano responsable de la violación de los derechos de libertad personal y a las garantías jurisdiccionales de Ramón Carranza Alarcón, quien en 1994 fue detenido por un comisario de la Policía Rural en Guayas, que lo declaró prófugo, por un episodio en el que un hombre perdió la vida.