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El organismo determinó que se cometieron una serie de violaciones a los derechos de Carlos Aguinaga cuando el Congreso Nacional lo cesó de su cargo en el 2004.
El presidente Lasso puede argüir asimismo que los instrumentos del Sistema Interamericano, leídos en contexto con la Carta Democrática Interamericana.
En la sentencia, la Corte determinó para el ex vocal de la función electoral medidas de reparación, entre ellas el pago de una compensación económica.
El Estado deberá pagar una indemnización de 31.000 dólares a la víctima por concepto de daños materiales e inmateriales.
La sentencia determinó también que existió falta de investigación adecuada de las muertes ocurridas en 1997 en Guayaquil en manos de agentes estatales.
Falta de atención y enfermedades son varias de las denuncias.
El exvocal fue removido en noviembre del 2004 por una resolución del Congreso Nacional. Aguinaga dijo que su destitución fue para tomarse las cortes del país.
La sentencia determinó que en operativo de la Armada realizado el 8 de diciembre de 1999 hubo uso excesivo de la fuerza letal por parte de agentes estatales.
En septiembre el Gobierno y organizaciones sociales deben presentar sus alegatos por escrito a la Corte IDH en el caso Tagaeri-Taromenane.
El Ejecutivo reconoció "la importancia de los pueblos y de las comunidades indígenas, y en este caso de los pueblos no contactados".
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, fue detenido por agentes policiales en el sector de Pastocalle (Cotopaxi) la madrugada del 14 de junio pasado.
La CorteIDH escuchará a la partes enfrentadas en el caso sobre los tagaeri y taromenane, dos etnias nativas que viven en aislamiento dentro del Yasuní.
Esto, en respuesta al sumario administrativo que se le inició por supuesta negligencia manifiesta y error inexcusable en su accionar en el caso El Universo.
Se le inició sumario disciplinario por ‘negligencia’ y ‘error inexcusable’ por la sentencia emitida en 2011 en contra de directivos de EL UNIVERSO.
Los movimientos indígenas aspiran a que el Gobierno nacional garantice que sus decisiones se respeten antes de explotar recursos en sus territorios.
Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.
Debido a los efectos de la pandemia de la covid-19 en los derechos de la gente, pero además por “derivas autoritarias” que se han presentado recientemente.
El caso se encuentra todavía en etapa de investigación por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
La justicia ecuatoriana quedará lesionada para siempre local e internacionalmente y constituiría una burla a la ciudadanía.
El fallo se conoció el pasado 21 de diciembre.