Seis meses para que el Gobierno nacional retire explosivos enterrados en el territorio Sarayaku dio de plazo la Corte Constitucional

El Gobierno nacional tendrá un plazo de seis meses para retirar más de una tonelada (1.476 kilogramos) de pentolita (explosivos) ubicados en el territorio del Pueblo Kichwa Sarayaku, de la provincia de Pastaza, que quedaron enterrados por actividades de extracción de crudo realizadas en el 2002 por una empresa petrolera extranjera.

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Han transcurrido doce años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte (IDH) ordenó el retiro de los explosivos, en una sentencia del 27 de junio del 2012, que condenó al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural concebidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

El organismo internacional dictó el cumplimiento de varias medidas de reparación integral a los habitantes del pueblo Sarayaku, por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal y de ser el responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En su fallo dispuso que Ecuador neutralice, desactive y en su caso retire la pentolita, a través de una consulta previa que debe ser coordinada con los habitantes.

Los informes oficiales detallan que de siete medidas de reparación dictadas, tres no se han cumplido: retirar la pentolita; llevar a cabo procesos de consulta previa para actividades o proyectos extractivos; y, medidas legislativas, administrativas o de otra índole sobre consulta previa a pueblos indígenas.

Por el incumplimiento de la sentencia de la Corte internacional, las autoridades del pueblo Sarayaku presentaron una acción de incumplimiento en el 2019 ante la Corte Constitucional (CC) ecuatoriana, que aceptó el recurso y se pronunció a favor de los demandates este 20 de diciembre de 2023.

En el expediente, los jueces ordenan al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a que en el plazo de seis meses haga un procedimiento de consulta previa, libre e informada con los habitantes del territorio indígena para definir los tiempos, mecanismos técnicos, ambientales y culturales para neutralizar, desactivar o retirar la pentolita; y, que exija al Ministerio de Economía y Finanzas asigne los recursos suficientes para cumplir la orden.

A la Asamblea Nacional le dio un plazo de seis meses para organizar, sistematizar y consolidar proyectos de ley relacionados con la consulta previa y agilizar el trámite parlamentario para evitar duplicaciones con las normas existentes.

«Se subraya la importancia de que este proceso garantice el derecho a la consulta prelegislativa y considere la participación de representantes de los pueblos indígenas y demás comunidades afectadas. La consolidación ordenada se realizaría con el propósito de actualizar bajo los parámetros constitucionales, jurisprudenciales e internacionales aplicables, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (en la que se incluye la consulta previa) o en su defecto emitir una nueva ley».

A la Presidencia de la República le da también la disposición para que actualice el Decreto Ejecutivo 1247 de 19 de julio de 2012 que incluyó procedimientos para cumplir el fallo de la Corte IDH.

Al Ministerio de la Mujer -la CC- le mandó a pedir disculpas públicas usando carteles que serán ubicados en las inmediaciones de los gobiernos cantonales y parroquiales del territorio Sarayaku y en su página institucional, los que deberán permanecer por un plazo mínimo de seis meses.

Adicionalmente, en un plazo de seis meses, dicha cartera de Estado tiene que investigar las causas y los responsables de haber demorado el cumplimiento de la sentencia internacional, para «proceder con la individualización de las personas responsables del incumplimiento e impulsar las acciones pertinentes».

La jueza ponente del proyecto dictamen fue Carmen Corral Ponce y se aprobó con seis votos afirmativos y un voto salvado en una sesión desarrollada en diciembre. No participaron Jhoel Escudero Soliz y Alí Lozada Prado, por licencias de vacaciones y paternidad, respectivamente.

La resolución de la Corte Constitucional fue vista con satisfacción en los líderes indígenas de Sarayaku y exigen que sean cumplidos.

Este 18 de enero de 2024, el presidente del pueblo Sarayaku Hernán Malaver, en una declaración de prensa, cuestionó que «no ha habido voluntad» del Estado en cumplir las medidas de reparación y ahora tiene la oportunidad de analizar la sentencia y cumplirla.

«Estaremos atentos para que se cumpla con la orden de la Corte Constitucional. Es un paso más en la exigibilidad de los derechos territoriales, de la vida, de la naturaleza y de los derechos humanos», manifestó.

Su representante legal en Quito, el jurista y catedrático Mario Melo lamentó que hayan pasado doce años de la sentencia de la Corte IDH y las autoridades ecuatorianas no hayan retirado la tonelada y media de pentolita que se encuentra enterrada 500 metros bajo tierra.

«Han pasado doce años y el Estado no ha sido capaz de cumplir la sentencia. Frente a esa desidia, en el 2019 se acudió a un nuevo proceso ante la Corte Constitucional con esta acción por incumplimiento en la que demandamos al Estado», expresó Melo, con la aspiración de que en los próximos meses estas disposiciones se ejecuten.

Durante la sustanciación de este recurso constitucional, la Presidencia de la República había justificado ante la CC, que se tenía previsto «un tiempo aproximado de 18 meses por la complejidad de la intervención en el territorio, las condiciones, la orografía», para llegar a la exploración de los 500 metros a cada lado de la línea sísmica en 2.700 metros cuadrados para el retiro de los explosivos.

Se señaló que debía retirarse 1′400.000 gramos de pentolita, lo que demandaría un valor de $ 12 millones a la actualidad.

En el 2018, las autoridades del Ministerio de Gobierno de ese entonces habían estimado que la remoción de este explosivo demandaría entre $ 4′460.561 y $ 5′400.919. (I)