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El trámite ante la Corte Constitucional lo realizó la titular de la cartera de Estado, Ivonne Núñez, el 1 de julio.
La Corte Constitucional calificó un pedido de plebiscito impulsado por el Comité de Desarrollo de Borbón y tramitado por el Gobierno.
El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia.
El Movimiento Unidad Popular demandó la constitucionalidad de la Ley de Integridad. La normativa enfrenta cuatro demandas en la Corte Constitucional.
Gremios de profesionales y personal de la salud criticaron las reformas sobre la evaluación de servidores públicos y compra centralizada de medicamentos.
El texto del artículo 7 de la ley dice que los pasantes recibirán un tercio del salario mínimo sectorial como sueldo y no un salario básico completo.
La Ley Orgánica de Integridad Pública ya tiene dos demandas de inconstitucionalidad.
Corte Constitucional dejó sin efecto sentencias que obligaban al SRI a pagar por supuestas vulneraciones de derechos.
La UNE convocó para el 11 de julio próximo a una movilización ante la Corte Constitucional para presionar un pronunciamiento sobre la demanda presentada
Presidente cumple un mes de gestión y, en las tareas para la seguridad, se sostienen en la intervención de la fuerza pública.
La Corte Constitucional ordenó en febrero integrar esta Comisión para evitar los estados de excepción para afrontar al crimen organizado.
Esta sería la segunda acción pública en contra de la norma, porque afectaría derechos constitucionales.
El gerente Ángel Erazo da detalles de cómo avanza el proceso para que los casi 1.800 devuelvan $ 78,9 millones.
El ciudadano Gabriel Salvador señala que la norma incumple varias disposiciones constitucionales, como la unidad de materia y la aplicación del indulto.
(...) la restricción de derechos a mansalva nunca ha sido una solución, sino una herramienta que puede terminar en abusos...
En noviembre del 2023, la Corte Constitucional dio un plazo de un año para que la Asamblea Nacional emita una ley.
El testimonio de Álex Palacios, exfuncionario judicial, reveló que Wilman Terán habría redactado la sentencia de 'habeas corpus' que firmó Émerson Curipallo.
Los procesos por retiro voluntario están estancados en el sector público, según la ministra del Trabajo.
En abril pasado, el Ministerio del Trabajo presentó la demanda ante la CC.
Se analiza la posibilidad de que otras reformas constitucionales vayan a un solo referéndum modificatorio.