Serán tres juezas de la Corte Constitucional (CC) las que estarán ocupadas en calificar la constitucionalidad de la consulta popular y el proyecto de reforma constitucional que presentó el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, en una intención de llamar a elecciones nacionales.

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En total son 19 preguntas que están en revisión de tres juezas de la Corte:

Diez de consulta popular que ingresaron el 2 de enero y que las tramita la jueza Teresa Nuques Martínez.

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Nueve que se propusieron el 9 de enero como enmiendas a la Constitución, pero que fueron divididas en consulta y reforma constitucional y las tramitarán las magistradas Karla Andrade Quevedo y Carmen Corral Ponce.

En contexto, el cuestionario de nueve preguntas de enmienda que ingresó el Gobierno recayó en el despacho de la jueza Karla Andrade. Ella solicitó al pleno que se abra un nuevo expediente para que tres de estas sean resueltas por otro juez, ya que son de índole infra constitucional. Es decir, que tienen un nivel inferior a la Constitución, como reformas a leyes o emisión de decretos leyes.

Andrade informó al pleno de la Corte que Noboa ingresó su expediente con la nomenclatura de reforma constitucional, pero al revisar la documentación se identifica que de las nueve preguntas, la 1, 2, 4, 6, 7 y 9 son reformas constitucionales; y, la 3, 5 y 8 son cambios infra constitucionales.

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La jueza observó que al momento de hacer el control previo se requiere de normativas distintas, porque «no se lo puede hacer en un solo proceso, por las características y procedimiento específico de cada uno».

El pleno aceptó su pedido y, tras el sorteo, la jueza Carmen Corral resultó ser la designada para conocer la causa.

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En un inicio eran 20 preguntas, de las que once eran de consulta y nueve de reforma a la norma suprema.

El martes pasado, Teresa Nuques avocó conocimiento de la causa y pidió a Noboa que le ratifique si quiere avanzar con su iniciativa y este le contestó que sí, excepto en una: la pregunta relacionada con permitir la reactivación de los casinos y juegos de azar.

En el caso de las nueve preguntas de enmiendas, Karla Andrade avocó conocimiento de ellas el 17 de enero y al ser divididas en dos partes, su dictamen se enfocará en las siguientes preguntas:

  1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
  2. ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el Anexo 5?
  3. (Antes pregunta 4) ¿Está usted de acuerdo con permitir que el Presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 7?
  4. (Antes pregunta 6) ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 9?
  5. (Antes pregunta 7) ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización, de acuerdo con el Anexo 10?
  6. (Antes pregunta 9) ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el Anexo 12?

En tanto, la jueza Carmen Ponce analizará las siguientes tres preguntas:

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  1. (Antes pregunta 3) ¿Está usted de acuerdo que, para erradicar la minería ilegal se declaren a las zonas mencionadas en el anexo 6, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado??
  2. (Antes pregunta 5) ¿Está usted de acuerdo en que el Presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos, de acuerdo con el Anexo 8
  3. (Antes pregunta 8) ¿Está usted de acuerdo con que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional, en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial a través de legislación específica, de acuerdo con el Anexo 11?

La Ley de Garantías Jurisdiccionales da un término de 20 días para que los magistrados emitan un dictamen de constitucionalidad, por lo que en este caso, Nuques y Andrade, una vez que avocaron conocimiento de las causas, hasta la primera quincena de febrero podría conocerse la decisión.

Carmen Corral aún no avoca conocimiento de la propuesta, por lo que no han empezado a correr los plazos.

Primeros amicus curiae cuestionaron propuesta para revivir los casinos

De forma paralela a los procedimientos internos de la Corte Constitucional, colectivos y ciudadanos están presentando sus escritos de amicus curiae (amigos de la Corte).

Respecto de la consulta popular que está en análisis de Teresa Nuques, los ciudadanos Juan Guerrero y Emilio Suárez; y, Jorge Baquerizo Minuche pidieron se descarte la pregunta once sobre los casinos y juegos de azar.

Sustentaron que no se aclara cuál sería el proyecto de ley para regularlos; y porque permitir su existencia no abonará al incremento de plazas de empleo.

El activista Henry Llanes cuestionó en su escrito el paquete de diez preguntas de consulta popular; y, un denominado Centro de observación Somos ciudadanos, solicitó ser tomados en cuenta para referirse a los cambios en la Función Judicial.

En cuanto al cuestionario de reforma constitucional, Ivonne Ramos Verdesoto, representante de la organización no gubernamental Acción Ecológica, ingresó su escrito expresando su preocupación sobre la pregunta relacionada con la minería. (I)