El presidente Daniel Noboa se ratificó en diez de las once preguntas iniciales de su propuesta de consulta popular. Así respondió en un escrito enviado la tarde del miércoles 17 de enero, al pedido que un día antes le hizo la jueza constitucional Teresa Nuques, quien dio un plazo de 24 horas para que el mandatario decidiera si mantenía o no las primeras once preguntas entregadas el 2 de enero a la Corte Constitucional (CC).

El único tema en el que Noboa desistió fue en el funcionamiento de casinos. Era la última del primer paquete de preguntas, la cual decía lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?”.

En el escrito enviado a la Corte Constitucional, el jefe de Estado explicó que se permite no insistir en su petición original, “por considerar que el debate ciudadano relacionado a esta temática no es oportuno en estos momentos”.

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Las otras diez preguntas se mantienen y son las siguientes:

  1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el Anexo de la pregunta 1?
  2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
  3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?
  4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de (I) terrorismo y su financiación, (II) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (III) delincuencia organizada, (IV) asesinato, (V) sicariato, (VI) trata de personas, (VII) secuestro extorsivo, (VIII) tráfico de armas, (IX) lavado de activos y (X) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?
  5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?
  6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?
  7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?
  8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el Anexo de la pregunta 8?
  9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?
  10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10?

Inicialmente, el presidente planteó el tema de casinos con el objetivo de generar plazas de empleo. Sin embargo, su propuesta recibió críticas porque dicha actividad es altamente vulnerable a lavado de dinero por parte de organizaciones criminales.

El Gobierno entregó un segundo paquete con nueve preguntas adicionales, las cuales abordan aspectos sobre extinción de dominio, concesiones mineras ilegales, indultos a policías y militares, justicia constitucional especializada, arbitraje internacional, jueces especializados que juzguen a policías y militares, y trabajo por horas.

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La jueza Teresa Nuques es la responsable de realizar el proyecto de dictamen sobre la constitucionalidad de todas las preguntas presentadas para la consulta popular. Desde el 16 de enero corre el plazo de 20 días para que la Corte emita su decisión. (I)