La consulta popular que propone mantener bajo tierra el crudo del bloque 43 en el Yasuní ITT integra de forma paralela la discusión sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario (PIAV), para los cuales, en caso de ganar el Sí, el Estado estará obligado a implementar medidas para su protección, según lo ordenó la Corte Constitucional (CC).

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Para este 20 de agosto, 13′450.407 ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir presidente de la República, 137 miembros de la Asamblea Nacional y para pronunciarse sobre dos consultas populares en temas ambientales: evitar la minería metálica en el Chocó Andino (que regirá solo para el Distrito Metropolitano de Quito) y la relacionada con el Yasuní, que es de ámbito nacional.

La pregunta aprobada por la Corte Constitucional e impulsada por el colectivo YASunidos propone dejar el crudo en el subsuelo en el Yasuní en los campos Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT) y reza:

• ¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? (Sí) (No).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió este 29 de julio el periodo oficial de campaña para esta consulta, en el que la sociedad civil y organizaciones políticas podrán debatir por qué Sí y por qué No a aquella.

Por lo pronto, desde el Gobierno nacional hay una postura crítica. Se advirtió que de ganar el Sí, las arcas fiscales dejarán de percibir ingresos que bordearían los $ 1.200 millones anuales, desde el 2024.

La Corte consideró que en el caso de que llegue a haber un pronunciamiento afirmativo, lo «prudente» será otorgar el término no mayor a un año, desde la notificación de los resultados oficiales, para ejecutar las acciones, como detener la explotación de crudo y levantar las edificaciones.

El Estado no podría «ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación de petróleo en el bloque 43», y deberá adoptar medidas inmediatas para la reparación de la naturaleza y también para la «protección del territorio de los PIAV», aunque no detalla cuáles serán esas medidas.

Como su denominación lo refiere, los PIAV se encuentran en aislamiento voluntario y habitan en algún lugar de las 818.501,42 hectáreas (ha) que integran el parque Nacional Yasuní ITT, en donde se ubica la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), que agrupa a cuatro parroquias de las provincias de Orellana y Pastaza.

Antes, esta zona comprendía 758.051 ha, pero en el 2018, en el mandato de Lenín Moreno se dio una consulta popular que planteó incrementar la ZITT en al menos 50.000 ha y reducir la zona de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional, en el Parque Nacional Yasuní, de 1.030 a 300 ha.

Ganó el Sí y se incrementaron las 50.000 ha de la zona de conservación que estará «vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos huaoranis conocidos como tagaeris, taromenanes y otros eventuales que permanecen sin contacto».

Según los relatos oficiales, recogidos de libros de historia, «diarios de misioneros, viajeros y hacendados», el conocimiento de estos pueblos originarios se da con el ‘boom del caucho’ en la Amazonía entre 1885 y 1920.

En ese entonces se los identificó como la nacionalidad huaorani y se los confundía con otros, conocidos como los «aucas», que en español significa «salvajes».

Los aucas entre 1930 y 1955 se oponían a las labores petroleras y ello produjo los primeros incidentes violentos, aunque permitió identificar a los clanes huaorani, guiquitairi, piyemoiri, baihuairi, huepeiri, que habían sido llevados a la comunidad Tihueno por religiosos americanos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), según se lee en un informe del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

Datos recientes señalan que luego de los conflictos entre estos grupos entre el 2013 y 2016, análisis de ortomosaicos e imágenes satelitales del 2012 y 2022 y testimonios de huaoranis, se confirma la existencia de tres grupos de PIAV.

Es así que el Estado ecuatoriano reconoce que en la espesa selva habitan los huaoranis, tagaeris y taromenanes.

Sin embargo, una nueva «familia» habría sido divisada por los pobladores y se los identificó como los «dugakairis», sobre las que el Gobierno no se ha pronunciado.

La existencia de este «clan» o «familia» se dio en un singular contexto.

En agosto del 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instaló una audiencia pública en el caso Pueblos Indígenas Tagaeri, Taromenane vs. Ecuador, relacionado con la posible responsabilidad internacional «por una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y sus miembros».

Además, por los «hechos de muertes violentas ocurridas en 2003, 2006 y 2013; y, la falta de medidas adecuadas de protección en relación con dos niñas taromenanes».

Ahí compareció Penti Baihua, indígena baihuaeri huaorani que vive en la comunidad Bameno, del Cononaco (Orellana), quien acogió en su familia a Tewe Dayuma Michela Conta, una de las niñas afectadas por la matanza en el 2013 y considerada testigo protegida.

Penti Baihua narraba que su territorio es afectado por la presencia de las petroleras y que ello deriva en los conflictos con los PIAV.

Una abogada de la parte demandante le preguntó a Biahua: ¿En dónde están los dugakairis?

Penti, apoyado en un mapa, apuntó que los dugakairis están por el lado este del bloque 43 y expresó: «Puedo decir a la Corte que los dugakairis están viviendo ahora bien, pero cuando va avanzando más y más la petrolera del 43, puede pasar como pasaron los tagaeris, taromenanes… La misma historia puede quedar. Ahora viven muy tranquilos con aislamiento en su territorio» (sic), dijo a los altos jueces de la Corte IDH, sin ahondar en más detalles.

Eduardo Pichilingue, ecologista y representante de la Fundación Pachamama en Perú, cuenta que los «encuentros» son «fortuitos», casuales incluso, y que por ello, se van conociendo los nombres de esas familias.

Un ejemplo es que los habitantes de Bameno, cuando salen de cacería, «han logrado observar que hay un grupo que vive en los alrededores de su comunidad, como son los dugakairis. Por eso es que ahora se habla de los tagaeris, taromenanes y los dugakairis».

Pichilingue, quien mantiene una relación cercana con los huaoranis, explicó que la movilidad de los PIAV es compleja y «no se puede definir un territorio con base en líneas, porque los indígenas aislados se mueven por el espacio que pueda sostener sus formas de vida y lo hacen siguiendo ciertos patrones». El estacional y el de la movilidad.

El estacional se da cuando estos grupos se mueven hacia lugares en los que pueden encontrar recursos de una temporada específica, como la chonta o el algodón.

El de la movilidad, también conocida como «movilización cíclica», sucede cuando ven que escasean los recursos y se trasladan hacia otra zona.

«Cuando hablamos de los PIAV y el territorio, lo que tenemos que ver es la protección integral del Yasuní. Porque en esos lugares en donde dicen que ‘aquí no hay indígenas aislados’... Eso no es correcto decir, porque 40 años antes pudieron haber estado ahí y pueden volver a su hogar».

El régimen, si bien reconoce la existencia de los huaoranis, tagaeris y taromenanes, sostiene que «no cuenta con registros de otros grupos indígenas en aislamiento voluntario» y de haberlos, esa es información confidencial.

Para conocer qué información reposa sobre posibles avistamientos de los PIAV, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos informó -a este Diario- que un acuerdo ministerial emitido en diciembre de 2022 declaró como «información confidencial los registros de posibles señales de presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario».

Este ministerio asumió las políticas de protección y vigilancia de la ZITT luego de la supresión del Ministerio de Justicia y cuenta con una Dirección de Monitoreo y Seguimiento de los PIAV que tiene a su vez un sistema de monitoreo en el que «prevalece el principio de no contacto».

Usan datos geoespaciales para los patrullajes terrestres, fluviales y aéreos, para identificar señales de presencia de los pueblos o de amenazas que puedan poner en riesgo su vida.

Esa cartera indicó que para fomentar una «cultura de paz y fortalecer el relacionamiento comunitario» se visita y se mantiene relacionamiento con comunidades indígenas aledañas a la ZITT y su área de influencia.

Para las labores de vigilancia, hay una Estación de Monitoreo de la ZITT que cuenta con 22 técnicos territoriales, ubicados en la zona.

Esta estación no es nueva, se creó a partir de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en mayo del 2006 por los riesgos que esas dos nacionalidades enfrentan.

En el 2008, en la gestión de Rafael Correa se constituyó el Plan de Medidas Cautelares a Favor de los PIAV, que, a su vez, creó esta estación con equipo técnico multidisciplinario y «moninativos (huaoranis y colonos de la zona)».

Ese mecanismo se mantiene desde la Dirección de Monitoreo que, en el 2022, recibió un presupuesto de $ 20.762 para el funcionamiento del sistema.

Aunque se lo redujo «debido a las necesidades institucionales de urgente atención y reestructuración» a $ 12.055, según se describe en el octavo informe sobre las actividades realizadas entre abril y octubre de 2022, por la declaratoria de interés nacional la explotación en los bloques 31 y 43.

Esa herramienta se alimenta de información de «autores» y de reportes enviados por radiofrecuencia de las comunidades ubicadas en el ZITT. Así también, contarían con imágenes satelitales que les permitan identificar la presencia de casas, chacras, desbroces e ilícitos ambientales.

Los resultados de esos análisis daban cuenta de que «no se identificaron señales de presencia de estos pueblos indígenas en situación de aislamiento, como casas, trochas, chacras o desbroces, ni tampoco se registraron campamentos que practiquen actividades ilícitas», cita el documento.

Según los monitoreos al bloque 43, «no se evidenciaron huellas o señales de presencia o visita de los PIAV».

El ministerio recalcó en ese octavo informe que en los bloques 31 y 43 «no se detectaron señales de presencia de PIAV»; mas, alertó que la presencia de fauna endémica, bosques de moretales, entre otros, son parte de su dieta alimentaria y que la «competencia por recursos de subsistencia» podría provocar situaciones de contacto, encuentro, contacto forzado, por lo que deben mantenerse en un monitoreo permanente.

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Para Pichilingue, esa estación se convirtió en un «elefante blanco», pues el objetivo para el que fue creada no se cumplió.

Ese era, explicó, que el Estado, a través de los ministerios, tenga presencia con políticas de salud, educación, agricultura, para apoyar a las comunidades aledañas y evitar que las necesidades económicas las obliguen a adentrarse en la selva para la tala de madera o caza de especies exóticas.

El jurista Ramiro Ávila, exjuez de la Corte, aboga por el Sí a la consulta y opina que esta postura de «negar la existencia de los pueblos en aislamiento» es porque «no les conviene verles».

Pérdidas de empleos y reducción de los recursos económicos, alerta Petroecuador

En el debate por el Sí o el No a la explotación petrolera en el Yasuní, la Corte zanjó en su dictamen que, de haber un voto mayoritario por esta iniciativa, lo que deberá ocurrir es que se «suspenda la explotación» en el bloque 43, que empezó después del 2016.

Según datos de la empresa estatal Petroecuador, quedan 132,2 millones de barriles de crudo por extraerse, que implicarían 55.000 barriles diarios.

La institución informó a la CC que los efectos a diez años en el caso de que suspendan las actividades petroleras en el bloque 43, provocarán una afectación acumulada de no producir 108,6 barriles con ingresos por $ 9.029 millones.

Los gastos por el desmontaje, desalojo de las operaciones, las medidas ambientales como reforestación y revegetación en el ITT ascenderían a $ 466,5 millones; y, si gana el Sí, necesitarán un tiempo mínimo de tres años para el desalojo. Sin embargo, los jueces no aceptaron su pedido.

El pronóstico es que se quedarían sin empleo 915 personas y una inversión futura por $ 2.883 millones porque necesitarán cerrar 226 pozos, desmontaje de equipos estáticos y rotativos, entre otros. (I)