Apoyo humanitario evitaría que el 3 % caiga en extrema pobreza, asegura ministro Iván Granda

Si no se toman las decisiones económicas y políticas sociales adecuadas por la emergencia sanitaria, el 3 % de la población podría bajar a la extrema pobreza, y el 6 % a la pobreza.Lo advirtió ayer el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda , durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional , que analiza el proyecto de Ley urgente de apoyo humanitario enviado por el régimen para hacer frente a la crisis agravada en el país por la propagación del coronavirus .También acudió la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade , quien reveló que solo el 47 % de los contribuyentes personas naturales serán los que realizarán el aporte humanitario temporal, los que tienen ingresos superiores a los $500 mensuales, pues dijo que el 53 % está dentro del grupo de contribuyentes naturales de $1 a $499 al mes. En la tarde estaba previsto que asista el ministro de Finanzas, Richard Martínez , para informar sobre el alcance de la propuesta del Gobierno.El ministro Iván Granda señaló que el compromiso del régimen es mejorar el umbral de protección de las personas que están en confinamiento por la pandemia, por ello, dijo, con la aprobación del proyecto de apoyo humanitario habrá 3 millones de beneficiarios .Insistió en la necesidad de trabajar 24/7 tanto el Gobierno como asambleístas para atender a los que menos tienen, para evitar que una parte de la población caiga en la línea de extrema pobreza y pobreza.Explicó que en la actualidad 950 000 personas reciben el bono de protección familiar financiado con $114 millones ; y que se necesitan $150 millones más para incluir a un millón de familias beneficiarias, por tres meses, y que la recaudación económica depende de la aprobación de la ley que está en manos de la Asamblea.Los recursos de la Ley de Apoyo Humanitario, explicó, están destinados a kits de alimentos, transferencias de recursos a personas con inseguridad alimentaria; detección temprana del COVID-19; bono de contingencia por falta de ingresos; bonos a los hogares que perdieron ingresos por la cuarentena; y compensaciones de hasta el 20 % por ocho meses a instituciones educativas con pensiones de hasta $ 500.Aclaró que las familias que reciben el bono de emergencia no tienen otro tipo de subsidio, son familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, la mayoría se dedica a la agricultura (29 %), al comercio ambulante (21 %), a la manufactura (12 %) y construcción (6 %). Explicó que el 98 % de las familias beneficiarias del bono de contingencia posee teléfono celular, y a través de ese medio se coordina el cobro.Los cuestionamientos de los legisladores se centraron en la tabla base para la aportación humanitaria, y advirtieron que es inconstitucional que se pretenda reducir los salarios en 10 % al sector público tras nueve meses de aportes por la emergencia.Entre tanto, la Comisión de Régimen Económico, presidida por Daniel Mendoza (AP) , inició la mañana del lunes la etapa de socialización del proyecto económico urgente de la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas . Recibió a la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Caterine Argotti, quien comentó los principales objetivos de la reforma, relacionados con buscar la sostenibilidad fiscal y corresponsabilidad del manejo en todos los niveles del Gobierno.Tras esta comparecencia, la sesión se suspendió hasta nueva orden, luego de que varios asambleístas comisionados pidieron la presencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, para que explique el proyecto de ley y con ese insumo poder empezar el debate propiamente dicho. (I)Corre el plazo de 30 días para tramitar los dos proyectos de ley que llegaron la noche del jueves 16 de abril.La Asamblea cuenta con otras 21 propuestas propias relacionadas con paliar los efectos de la emergencia. Algunas se parecen a las contenidas en el proyecto urgente del Ejecutivo, llamado de Apoyo Humanitario, aunque distan en los porcentajes; otras plantean temas como sanciones por desobediencia en la emergencia.

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