La investigación del Gobierno sobre actos de corrupción, que es una atribución constitucional de la Fiscalía General del Estado, no se inició con el actual secretario Anticorrupción, José de la Gasca. El régimen lo hace incluso antes de crear el organismo, que ahora está adscrito a la Presidencia de la República.

Hace pocos días, la fiscal general, Diana Salazar, le envió una carta al presidente Lenín Moreno quejándose de una ‘injerencia’ que la Secretaría pretende tener en las investigaciones relacionadas con procesos de contratación supuestamente irregulares que llevan adelante por la emergencia derivada de la pandemia del coronavirus.

Es preocupante lo que ha venido realizando la Secretaría Anticorrupción a través de su titular, José de la Gasca, al emitir pronunciamientos que ponen en riesgo operativos de la Fiscalía”, Diana Salazar, fiscal general

La misiva se hizo pública; y el lunes la Secretaría emitió un comunicado de respuesta: “La Secretaría y la Fiscalía son aliadas en la lucha anticorrupción. Cada una emite sus actuaciones en el marco de sus competencias. Sobre la carta de la fiscal general: Esta Secretaría no interfiere en las funciones del Estado”. Y señaló que se le envió una carta al mandatario para referirse al tema.

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Salazar y De la Gasca compitieron en el concurso para fiscal general que organizó el Consejo de Participación Ciudadana en el 2018.

Para enero del 2019, el entonces subsecretario de Acción Política de la Presidencia, Iván Granda, informaba que tenían identificados 17 ‘testaferros’ de funcionarios del correato.

En esa ocasión, Granda también presentó a Fiscalía General documentación sobre los $13,5 millones prometidos por Tomislav Topic, propietario de Telconet, señalado en indagaciones relacionadas con el exvicepresidente Jorge Glas.

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Para el 9 de febrero de ese año, el Gobierno creaba la Secretaría Anticorrupción con Granda como secretario. Ruth Palacios era la fiscal general.

La gestión de Granda se extendió hasta la posesión de Salazar como fiscal general. Los dos, junto con otras autoridades del Estado, fueron parte de la firma del Convenio del Grupo de Enlaces Interinstitucionales para la Recuperación de Activos (Geira) y hasta de las reuniones con la constructora Odebrecht para la reparación al Estado.

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Con la renuncia de Granda llegó Dora Ordóñez como secretaria Anticorrupción encargada. Ella también entregó a la Fiscalía General información sobre algunos casos.

De la Gasca, el tercero al frente de la Secretaría desde enero de este año, también ha realizado investigaciones, las últimas en los presuntos actos de corrupción en las compras públicas de hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En total, desde su creación, la Secretaría ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, al menos, quince casos de presunta corrupción en los hospitales Pablo Arturo Suárez, Carlos Andrade Marín y Pedernales. Y ha remitido un informe sobre el caso Mascarillas, que salpicó al expresidente del Consejo Directivo del IESS Paúl Granda.

Manifestamos que la lucha anticorrupción nos compete a todos: sociedad civil, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y demás instituciones. Todos somos aliados en esta causa”, José de la Gasca, secretario Anticorrupción.

Además, en el Ministerio de Cultura, el Municipio de Cuenca, la Agencia Nacional de Tránsito con la Escuela de Conducción Cayambe y otros como Coopera, farmacias ficticias (vinculadas con María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS), La Clementina en Babahoyo y La Otavaleña en Imbabura.

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La Secretaría también ha hecho el seguimiento a sentencias por más de $114 millones en casos de corrupción y de más de $982 millones por sentencias en glosas.

El presidente no ha emitido al momento ningún pronunciamiento sobre las cartas enviadas por los funcionarios. (I)