La justicia italiana va a escuchar al primer ministro Giuseppe Conte a causa de la gestión gubernamental de la epidemia de coronavirus, que causó 34 000 muertos, informaron esta semana agencias de prensa locales.

La fiscalía de la ciudad norteña de Bérgamo, uno de los principales focos de la epidemia, ha pedido también el testimonio de la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, del ministro de Salud, Roberto Speranza y del director del Instituto Superior de Salud, Silvio Brusaferro, informó la misma fuente.

Según las páginas internet de los diarios Il Corriere della Sera e Il Sole24Ore, "los interrogatorios" debían comenzar el miércoles.

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La fiscalía de Bérgamo abrió una serie de investigaciones sobre el caso y recibió también este miércoles unas 50 querellas de un grupo de familiares de las víctimas por negligencia y errores en el manejo de la pandemia.

Según el diario Il Corriere della Sera, la fiscalía hablará con el primer ministro como "persona informada" de los hechos.

La investigación por la que los magistrados desean escuchar a Conte y sus dos ministros se refiere a los retardos en declarar "zona roja" los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, particularmente afectados por la epidemia.

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Demandas por miles

Por su parte, los familiares de las víctimas acusan a las autoridades por haber tardado en declarar a finales de febrero "zona roja" varias localidades de Bérgamo.

Tanto la asociación de familiares como algunos partidos y sindicatos, atribuyen ese retardo a que antepusieron los intereses económicos a los de la salud, ya que se trata de una próspera zona industrial.

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La fiscalía de Bérgamo ya había abierto una investigación sobre el caso y escuchado los testimonios de políticos, entre ellos al gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, y a su consejero para la Salud, Giulio Gallera.

Se trata de establecer técnicamente quiénes eran los responsables de declarar las "zonas rojas" durante el inicio de la epidemia, lo que enfrenta al gobierno central con las autoridades de la región Lombardía.

Privatización de la salud

"No queremos venganza, queremos justicia", aseguró Stefano Fusco, de 31 años, entre los fundadores del grupo en Facebook "Denunciaremos. Verdad y justicia para las víctimas del Covid-19", cuyo abuelo murió del virus en marzo un hogar para ancianos.

Acompañados por abogados y miembros del comité, los familiares presentaron 50 denuncias a la fiscalía de Bérgamo, la ciudad mártir de la pandemia, "porque se ha convertido en el símbolo de esta tragedia, aunque provienen de todo el país", explicó.

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La página Facebook, que en sólo dos meses cuenta con más de 50 000 adhesiones, se transformó en un comité nacional, con abogados que estudian presentar otras 150 querellas, explicó Fusco.

Los familiares cuestionan también la política de recortes aplicada por años al sistema de salud para favorecer una privatización que golpea a los más vulnerables.

Algunos familiares contaron las tragedias padecidas, sea por la falta de información o por la atención deficiente durante la emergencia sanitaria.

Lágrimas de sangre

Cristina Longhini, farmacéutica que perdió a su padre Claudio, de 65, durante la pandemia, ahora quiere saber ante todo la verdad sobre la muerte de su progenitor en el hospital de Bérgamo, colapsado entonces por la emergencia.

"Mi padre acababa de jubilarse, estaba en buen estado físico, cuando comenzó a presentar síntomas, fiebre, disentería y vómitos", contó a la prensa.

"Cuando murió se olvidaron de avisarnos", lamenta Longhini, quien tuvo que identificar luego el cuerpo.

"Estaba irreconocible, tenía la boca abierta, los ojos hinchados, en las órbitas tenía lágrimas de sangre", rememora Longhini.

"Me entregaron en una bolsa de basura sus objetos personales, incluyendo ropa manchada de sangre, testimonio de su sufrimiento y además infectada", relata.

Debido a que los cementerios locales estaban llenos, el ataúd fue transportado, junto con una docena más, en un camión militar a un destino desconocido para la familia, que finalmente descubrió debido a que recibió por correo la factura de la funeraria por su cremación, realizada a 200 km de distancia.

"Queremos saber, punto por punto, como fue el manejo de las emergencias, los errores, las responsabilidades", explicó a la prensa el presidente del comité, Luca Fusco (padre de Stefano). (I)